Energía

Montilla exige más inversión a las eléctricas para asegurar el suministro

El ministro de Industria, José Montilla, pidió ayer a las eléctricas que hagan un esfuerzo inversor para garantizar la calidad del suministro. En este sentido, revisará la metodología de tarifas y reforzará la planificación energética. Montilla también anunció un proyecto de ley para luchar contra la morosidad en el comercio.

En su estreno ante la Comisión de Industria del Congreso, José Montilla dibujó ayer las líneas maestras de lo que será su política en las amplias competencias de su ministerio: energía, comercio, telecomunicaciones, industria y turismo. En el área energética, Montilla pidió a las eléctricas 'un mayor esfuerzo inversor' para poder garantizar un suministro de calidad. En este sentido, su ministerio 'analizará' la metodología de tarifas eléctricas vigente desde diciembre de 2002 y potenciará 'la planificación de las infraestructuras energéticas' para ayudar 'a la iniciativa privada a hacer frente a las inversiones necesarias para cubrir el crecimiento de la demanda'.

Industria procederá también a una revisión 'a fondo' del Plan de Fomento de las Energías Renovables y, dentro de ella, del recién aprobado marco tarifario de este tipo de energías.

José Montilla quiso lanzar 'un mensaje tranquilizador a los sectores afectados por la directiva sobre el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero' y, aseguró que, 'en ningún caso se pondrá en riesgo la competitividad de las empresas españolas'. Sin embargo, se mostró firme defensor del Protocolo de Kioto y para cumplirlo, Industria potenciará los ciclos combinados y 'el abandono progresivo de la energía nuclear'. Pero, sobre todo, el ministerio pondrá en marcha medidas para reducir el consumo de energía primaria en el ámbito doméstico y el transporte, 'los sectores donde más se ha incrementado el consumo y en los que menos se ha actuado'. Montilla no concretó estas medidas y sólo hizo referencia a 'primeras actuaciones dirigidas a informar y formar' y a que el IDAE desarrollará un sistema para conseguir el ahorro.

Además de vigilar la liberalización del sector energético y negociar interconexiones con Francia y Portugal, Montilla anunció que se elevará el número de gasolineras a repartir entre nuevos operadores y que trabajará para reducir 'las posiciones de poder de mercado'.

El ministro prometió reforzar la independencia de la Comisión Nacional de la Energía, para lo que cambiará su régimen jurídico. De momento, la sede de la CNE no será trasladada pero dejó la puerta abierta a posibles cambios de ubicación de organismos reguladores 'a lo largo de la legislatura'.

Morosidad en el comercio

Montilla también está dispuesto a agilizar la transposición de la directiva comunitaria 2000/35 contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para ello, presentará a las Cortes, 'con carácter urgente', un proyecto de ley que permita corregir 'la posición de privilegio de ciertos operadores que ahogan al productor y compiten deslealmente con el pequeño comercio'. Recordó que España tiene abierto un procedimiento de infracción por no trasponer esta directiva que establece el derecho de pago con intereses cuando el plazo excede los 31 días en una transacción comercial.

La industria alimentaria ha denunciado de forma recurrente la política de dilación de pagos que realizan las grandes superficies y que perjudican a los proveedores.

Planes para dinamizar el comercio

Comisiones de tarjetas

Montilla se ha hecho eco de las grandes reclamaciones que

desde hace tiempo mantiene el comercio, especialmente en los medios de pago electrónicos. El ministro se ha comprometido a que las comisiones que realizan los comerciantes en los pagos efectuados con tarjeta resulten 'más ventajosos y se eviten tratamientos discriminatorios'. En paralelo, se elaborará un Plan Marco de Modernización del Comercio que será consensuado con las comunidades, al igual que el nuevo régimen de horarios comerciales.

Prácticas desleales

El ministro, que ve una relación directa entre la concentración empresarial de los últimos años con la disminución de competencia, el incremento de márgenes y el mayor 'poder de los grandes operadores', va a poner en marcha programas de apoyo al pequeño comercio. En este sentido, una de las pautas será la reforma de la ley mediante la incorporación de las nuevas normas de la UE sobre promociones de venta y prácticas comerciales desleales, lo que supone un guiño contra la venta a pérdida.

La industria recupera al interlocutor perdido

El ministro de Industria, José Montilla, transmitió ayer a las empresas que la recuperación de esta cartera, que desapareció con el último Gobierno del Partido Popular, 'es un gesto de compromiso hacia el tejido industrial español'. Montilla criticó el escaso desarrollo de la innovación tecnológica en la última legislatura y consideró que la falta de 'interlocución gubernamental' ha impedido el impulso de la industria y del empleo.

El titular del nuevo ministerio basará su política industrial en la innovación, en la que incluye 'aspectos como diseño, comercialización, marketing y otros aspectos de la gestión'. La primera tarea que se ha impuesto el ministerio es identificar 'el déficit tecnológico' español. Según los datos aportados por Montilla, un tercio del I+D lo realizan las empresas y dos tercios, la universidad. El objetivo es 'ampliar la investigación actual que está muy concentrada en unas pocas grandes empresas', señaló Montilla. æpermil;ste propuso ayer un Pacto Industrial con empresas productoras de bienes y suministradoras de servicios de todos los sectores económicos. Son 'sectores verticales' sobre los que el ministerio actuará 'horizontalmente'.

Uno de los puntos relevantes de la comparecencia de Montilla en el Congreso fue el de la deslocalización, un fenómeno al que Industria dedicará 'un gran esfuerzo'. El objetivo es que las empresas españolas 'mantengan en España las fases en las que aporten mayor valor añadido'.

El nuevo ministerio quiere recuperar, asimismo, un aspecto olvidado por el anterior Gobierno: la cooperación con las comunidades autónomas a través de la llamada Conferencia Sectorial, una vía que ya existe pero a la que apenas se ha utilizado.