Caldera apoya un estudio que propone abaratar el despido a las pymes
El estudio sobre la temporalidad en el mercado laboral encargado por el Ministerio de Trabajo en 2002 y que fue defendido el martes por el actual ministro, Jesús Caldera, recomienda como una de las medidas para atajar el abuso de los contratos temporales 'retocar posiblemente los procedimientos y los costes de despido especialmente en las pequeñas empresas'.
El estudio, cuya elaboración fue ordenada por Juan Carlos Aparicio en 2002 cuando era ministro de Trabajo, ha servido al actual equipo socialista para desarrollar algunas de las propuestas que ya estaban incluidas en su programa electoral. De hecho, Caldera incorporó a su comparecencia en el Parlamento frases textuales de este documento.
Aunque Caldera no quiso citar el coste del despido como uno de los obstáculos a la estabilidad en el empleo, sí avanzó el martes que el gobierno quiere 'acercar los costes laborales de los contratos indefinidos y los temporales'. Esto sólo puede hacerse modificando su cotización, esto es aumentando las cotizaciones de los eventuales y rebajando las de los fijos o bien rebajando el coste de las indemnizaciones por despido de los contratos fijos.
Rl informe recomienda retocar los costes del despido 'aunque las reformas laborales de 1994 y 1997 sugieran que éste no es un elemento tan importante' en el abuso de los contratos temporales.
El estudio, dirigido por Luis Toharia, aconseja esto tras diagnosticar que la principal razón que lleva a los empresarios españoles a utilizar masivamente los contratos temporales es de carácter económico, porque su extinción es más barata.
Además, este tipo de contrato 'sirve a las empresas para cubrir sus necesidades de flexibilidad'. Según los autores del informe en los países que optan por distintas vías de contratación laboral (como el tiempo parcial), para satisfacer esas necesidades de flexibilidad tienen menos temporalidad.
Recomiendan también hacer campañas de divulgación entre los empresarios sobre las ventajas de la estabilidad y los costes de la temporalidad; mantener los incentivos a la conversión de temporales en fijos; reforzar la Inspección de Trabajo y evitar las lagunas legales que permiten la contratación temporal injustificada. Dicho esto, concluyen que 'no existe ninguna medida claramente evidente que pueda adoptarse desde los poderes públicos para reducir la temporalidad'.
'No hay medidas que pueda adoptar el Ejecutivo para reducir la temporalidad'