La CE expedientará a España por no presentar a tiempo el plan de emisiones
La paciencia de la Comisión Europea se ha agotado. La comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, anunció ayer la apertura de un expediente de infracción contra seis de los países, España entre ellos, que aún no han presentado el plan nacional necesario para poner en marcha el mercado de emisiones contaminantes. La comisaria mostró también su disgusto con los planes recibidos hasta ahora.
El plazo para presentar el plan de reparto de derechos de emisiones contaminantes expiró el pasado 31 de marzo (y el 1 de mayo para los 10 países que ingresaron en la UE ese día) pero, de momento, sólo 12 países han remitido el documento a Bruselas (entre ellos, tres de los nuevos socios). La comisaria Wallström decidió ayer aumentar la presión sobre los países más atrasados, 'comenzando los preparativos para un procedimiento de infracción contra aquellos Estados miembros excluidos los nuevos socios que aún no han remitido el plan'.
Wallström comprende que 'el mercado de emisiones en Europa es una forma nueva y difícil de aplicar la política medioambiental, por eso no reaccionamos inmediatamente cuando varios países no cumplieron con los plazos marcados'. 'Sin embargo -añade-, 'debemos ser justos también con los que sí han cumplido los plazos'.
España es uno de los países que ha violado el calendario de manera más flagrante, pues, según criticó el nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el anterior Ejecutivo apenas había comenzado a esbozar el Plan. El equipo de la actual ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ultima ahora su redacción, pero deberá someterlo a una consulta pública antes de enviarlo a la Comisión.
España ha desbordado, además, los límites de contaminación que aceptó como parte de la carga correspondiente a la Unión Europea para cumplir el Protocolo de Kioto. Ese compromiso le permitía aumentar en un 15% sus emisiones en relación con el nivel de 1990, como parte de un esfuerzo colectivo que debe permitir a la UE reducir su contaminación global en un 8% entre 2008 y 2012.
El mercado de emisiones es uno de los mecanismos incorporados al Protocolo de Kioto para que la reducción de la contaminación salga mucho más barata a las empresas de ciertos sectores. Más de 12.000 plantas industriales en toda la UE (desde refinerías a cementeras, pasando por acerías, papeleras o azulejeras) podrán participar en un mercado que, según la CE, permitirá reducir la factura de Kioto de 6.800 millones de euros a unos 3.200 millones.
Los Gobiernos deben fijar a cada planta industrial un límite de contaminación para el período 2005-2007, lo cual obligará a las empresas que superen ese umbral a comprar en el mercado los derechos necesarios para poder mantener su nivel de producción.
Wallström advirtió ayer que la mayoría de los planes de reparto presentado hasta ahora resultan demasiado generosos con las empresas y no garantizan la consecución de los objetivos de Kioto. 'Y no se debe a que las autoridades nacionales hayan entendido mal la directiva; es producto de dificultades políticas', destacó la comisaria. Bruselas puede rechazar total o parcialmente un plan nacional, lo que impediría a las empresas del país en cuestión participar en el mercado.
La comisaria reiteró la firme voluntad de la Comisión de que este mercado europeo de emisiones comience a funcionar, como estaba previsto, el próximo 1 de enero. El calendario, sin embargo, parece cada vez más apretado, toda vez que, según la directiva que regula el mercado, la Comisión necesita tres meses para verificar que la distribución en cada país de los derechos de emisiones entre las empresas se ajusta a la normativa comunitaria.
El mandato de la actual Comisión, además, termina en octubre de este año. Y aunque Wallström aspira firmemente a reengancharse, no tiene garantizado que el nuevo presidente le asigne la cartera de Medio Ambiente, ni que a su Gobierno le interese batirse por ella.
Comisión interministerial
Por el momento, el Gobierno español ha creado una comisión interministerial para resolver el PNA español, que será remitido a Bruselas el uno de julio. Estará presidida por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y la secretaría la ocupará el secretario general de Cambio Climático, Arturo González Aizpiri.
También con el Gobierno del Partido Popular se creó una comisión similar, si bien, fuentes de uno de los sectores afectados entiende que 'la relación de fuerzas entre Pedro Solbes y Cristina Narbona ministros Economía y Medio Ambiente no es la misma que la que había entre sus homólogos del PP Rodrigo Rato y Elvira Rodríguez'.
A la baja
El precio de los derechos de emisiones que ya se negocian actualmente ha pasado de 13 euros en enero a los siete de ahora. Bruselas atribuye el descalabro a los planes nacionales de emisiones que pretenden inundar el mercado con nuevos derechos
Wallström Comisaria de Medio Ambiente
'La mayoría de los planes presentados hasta ahora resultan demasiado generosos con las empresas. Y no se debe a que las autoridades nacionales no hayan entendido la directiva, sino a dificultades políticas'