El Ejecutivo cambiará la ley para abaratar las expropiaciones
El Consejo de Ministros decidió en su reunión de ayer, a través de los Ministerios de Fomento y de Vivienda, abordar la próxima reforma de la Ley del Suelo para evitar los sobrecostes que llevan implícitas en la mayoría de las ocasiones las expropiaciones.
La reseña del Consejo de Ministros indica que la finalidad de la reforma es que los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa dejen de aplicar el criterio de valorar el suelo rústico como urbanizable en las expropiaciones destinadas a grandes infraestructuras, como carreteras y ferrocarriles.
El Ejecutivo señala que el Ministerio de Vivienda es la Administración competente para realizar la reforma de la Ley del Suelo, pero explica que ha decidido que Fomento también participe en la modificación normativa al tratarse del Departamento 'más afectado' por el sobrecoste de las expropiaciones. Con esta iniciativa el Gobierno cumpliría con uno de sus compromisos electorales.
Según contempla el programa del PSOE, la reforma de la legislación estatal sobre valoración legal del suelo trata de evitar que el valor del terreno incorpore elementos especulativos. Se trata con esta medida de favorecer un uso del suelo mucho más conforme al interés general.
El Consejo de Ministros también decidió ayer aprobar un acuerdo por el que cerca de 2.131 millones de euros serán distribuidos entre las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas para gestionar las políticas activas de empleo.
Según la referencia del Consejo, los fondos se destinarán a programas de apoyo a la creación de empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social y fomento de la economía social.
Con la aprobación del acuerdo se formalizan los compromisos financieros adoptados en la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, celebrada en marzo, sobre los criterios objetivos de distribución territorial de las subvenciones correspondientes a este año, destinadas al cumplimiento de planes y programas entre las regiones con las competencias asumidas.
Por último, el Gobierno aprobó también una dotación presupuestaria adicional de 36 millones para becas de estudiantes e inició los trámites para promover la impugnación de la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ) a las elecciones europeas del próximo 13 de junio.