Los sindicatos de Izar piden a la SEPI que se responsabilice de dar un futuro a la empresa
La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) se ha reunido hoy con las federaciones del metal de los sindicatos con presencia en Izar para retomar las negociaciones sobre el convenio colectivo y abordar el futuro de los astilleros en el primer encuentro que la actual dirección de la sociedad estatal celebra con los representantes de los trabajadores. Ambas partes no se reunían desde el pasado 23 de marzo, cuando aún presidía el grupo Ignacio Ruiz-Jarabo.
Los sindicatos han reclamado a la SEPI que asuma directamente la responsabilidad de dar un futuro a la empresa al entender que la interlocución con la dirección de la compañía está "quemada". Dámaso Casado, secretario general de la UGT de Euskadi, aseguró que el encuentro en Madrid abre unas "perspectivas ilusionantes" sobre el futuro de los astilleros. Casado, en rueda de prensa en Bilbao en la que informó de la marcha de la negociación colectiva en el País Vasco, señaló que en esta primera reunión trata "por lo menos de abrir un diálogo sincero y resolver los problemas que hay".
El dirigente sindical señaló que es preciso concretar la posibilidad de nuevos contratos que había anunciado la anterior dirección de la SEPI y reconoció que, mientras tanto, será necesario recurrir a un expediente de regulación de empleo ya que no hay ninguna actividad y, en todo caso, "la cadena de trabajo tarda meses en llegar hasta el final, desde que se hace el contrato hasta que se comienza a cortar chapa".
Sobre la posibilidad de que la UE actúe contra las ayudas recibidas por los astilleros españoles, Casado recalcó que éste es un problema que debe resolver el Gobierno y que en ningún caso debe afectar a los trabajadores. A ese respecto, el secretario de Acción Sindical de la Federación Minerometalúrgica de CC OO, Felipe López, ha calificado hoy de prioritaria la resolución de dicha cuestión.
La reanudación de las conversaciones, suspendidas el pasado marzo, se producía después de que el nuevo responsable de la SEPI, Enrique Martínez Robles, haya ordenado suspender las sanciones impuestas por la Dirección de la compañía a los veinticinco miembros del comité de la factoría de Ferrol.
El acuerdo que no llega
Los trabajadores se han comprometido con el Gobierno a no desarrollar nuevas movilizaciones hasta que no arranquen las negociaciones. El primer marco laboral común para el sector naval público español afectará un total de once plantas navales y a 11.000 trabajadores. El objetivo es alcanzar un convenio de transición con un año de vigencia, que permita la paulatina unificación de las condiciones laborales entre los antiguos astilleros civiles y militares.
Izar, empresa pública que aglutina a las antiguas Bazán y Astilleros Españoles, no logra cerrar un convenio cuya negociación arrancó hace un año. La empresa sostiene que los sindicatos exigen incrementos salariales del 6,8%, una cifra que UGT y CC OO rebajan hasta el 4%. La falta de carga de trabajo amenaza con convertirse en los próximos meses en el principal problema de un sector que ha perdido más de dos tercios de su plantilla en los últimos 20 años y cuyo futuro permanece incierto. La SEPI, principal accionista de Izar, y los sindicatos se acusan mutuamente de politizar un conflicto que ambas partes ven como ineludible.
BNG pide aclaraciones sobre la reclamación de Bruselas
El BNG ha solicitado hoy, por otra parte, que comparezcan en el Congreso del vicepresidente primero y ministro de Economía, Pedro Solbes, y el de Industria, José Montilla, para informar sobre la posición del Gobierno ante la reclamación de Bruselas de que el grupo Izar devuelva 308 millones recibidos como ayudas estatales. Recuerda que "la decisión de la Comisión Europea parece firme y es consecuencia de una investigación del responsable de Competencia para seguir el rastro de las ayudas concedidas por la SEPI entre 1999 y 2002" en una serie de preguntas parlamentarias sobre el asunto. Además, el BNG quiere interpelar a Solbes sobre las medidas que va a impulsar el Ejecutivo "para superar la actual situación crítica que vive el sector público de la construcción naval", mientras que pretende que Montilla informe de la situación en la que se encuentra la empresa, cada uno en su comisión correspondiente.