Endesa, Gas Natural y Telefónica inician el arbitraje internacional contra Argentina
El proceso se ha puesto en marcha. Las denuncias de las empresas españolas contra Argentina ante el tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial han comenzado a quemar etapas. Gas Natural, Endesa y Telefónica tienen ya constituido el tribunal encargado de dirimir si, tal y como ellas esgrimen, el Gobierno del país austral ha quebrantado unilateralmente los contratos de concesión adjudicados en su día o si su decisión de congelar las tarifas tras la devaluación fue legal. Están en juego miles de millones de dólares.
El pleito más avanzado es el de Gas Natural. El tribunal se constituyó en noviembre y el 10 de marzo se celebró la primera sesión en Washington. El tribunal del caso de Endesa -planteado por su filial chilena- se formó en enero y la primera vista se celebró en París el 3 de abril. En el caso de Telefónica, el tribunal se constituyó el 12 de abril y está integrado por un árbitro italiano, otro mexicano y un estadounidense.
Desde la vista que da inicio al arbitraje, las empresas tiene unos cuatro meses para formalizar la demanda y los cargos, según fuentes cercanas a las empresas implicadas. El Gobierno argentino dispone del mismo plazo para responder a las acusaciones y entonces le toca el turno al tribunal, que tiene que fijar una vista de conclusiones.
El calendario, por tanto, es largo y Argentina tratará de dilatarlo aún más. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que la estrategia del Gobierno será no reconocer la jurisdicción del Ciadi, el organismo dependiente del Banco Mundial encargado desde 1966 de dirimir los conflictos internacionales que tengan las inversiones como epicentro, y así ganar tiempo.
Este tiempo se dedicaría a negociar los nuevos contratos con las empresas privatizadas en Argentina. Porque el proceso en el Ciadi es paralelo al que se desarrolla dentro del país para renegociar los contratos de concesión y llegar a un nuevo acuerdo que, a su vez, contemple la retirada de las demandas.
De hecho, el Gobierno de Néstor Kirchner ya presionó para que se retiraran las demandas como condición para renegociar las tarifas. Las empresas, sin embargo, se mantuvieron firmes. El argumento que utilizaron es que las demandas no son de las empresas, sino de sus accionistas. Cualquier marcha atrás sin nada a cambio abriría la posibilidad de denuncias de los inversores por hacer dejación de sus derechos.
Tras meses de paralización, la negociación para los nuevos contratos está viviendo un impulso, así que, con mucha probabilidad, habrá acuerdos antes de los veredictos del Ciadi. Las negociaciones están siendo llevadas a cabo por un comité dependiente del Ministerio de Economía y del de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Y las empresas tienen hasta una guía de cómo ha de ser el procedimiento de este proceso renegociador, para el que la ley da de plazo hasta finales de este año. Siguiendo las directrices establecidas, las empresas afectadas por la congelación de tarifas han presentado al Gobierno un documento en el que exponen cómo les ha afectado el cambio del marco normativo y cuáles son sus propuestas de resolución.
Una vez presentado el informe, se establecerá un periodo de análisis y discusión de las propuestas, que terminará con la entrega al Ministerio de Economía de un acuerdo formal para su consideración. Una vez el Ejecutivo tenga una propuesta en firme debe remitirla al Congreso, que tiene un plazo de 60 días para pronunciarse. El silencio se interpreta como visto bueno.
La información oficial sobre el estado de las negociaciones es poca, pero extraoficialmente se ha divulgado que las renegociaciones están muy avanzadas. La primera que saldrá adelante, siempre según estas fuentes, es de la filial de Agbar. De hecho, esta compañía ha suspendido hasta fin de año su demanda de fondo ante el Ciadi para acelerar el pacto.
También está bastante avanzada la renegociación en telecomunicaciones, con Telefónica y Telecom Argentina.
En el caso de las energéticas, donde han surgido los problemas más graves, ha habido revisiones y ajustes temporales por decreto mientras las negociaciones siguen su curso. Un decreto permitió en febrero elevar la tarifa eléctrica a las industrias y otros negocios entre un 14% y un 25% a las medianas y grandes empresas. También ha habido subidas de precio del gas natural, parte de las cuales son repercutibles. Y la crisis energética ha provocado también subidas de tarifas en busca del ahorro energético.
El objetivo del Gobierno sería terminar este mes la renegociación de unas 20 concesiones. Las empresas confían en que el conjunto de los acuerdos no se demore más de unos meses.
Las empresas hacen un gesto con las inversiones
Las empresas españolas han vuelto a apostar por la inversión en Argentina pese al conflicto por las tarifas. Telefónica rompió el fuego en noviembre. Su presidente, César Alierta, visitó a Néstor Kirchner y le prometió 610 millones de euros en inversiones en cuatro años. Pocos días después, Repsol hizo público su plan estratégico a cinco años. Las inversiones globales serán de 18.800 millones, y de ellas, el 26% se destinará a Argentina. En total, son casi 5.000 millones de euros. Hasta Endesa presentó como un gesto de confianza en el país la apertura de una subestación eléctrica. Las empresas creen que eso ayudará en las negociaciones.
Repsol se mantiene al margen de los litigios
Desde que compró YPF, la empresa española con mayor presencia en Argentina es Repsol. La petrolera ha optado desde el principio por la vía de la negociación y prefirió no presentar demanda alguna ante el Ciadi, a diferencia de Endesa, Telefónica, Gas Natural o Agbar. Alfonso Cortina, presidente de Repsol, ha tenido tradicionalmente buenas relaciones con Néstor Kirchner, desde que el político justicialista era gobernador de Santa Cruz. Pero la sintonía entre el Gobierno y la compañía parece rota. La semana pasada, Kirchner acusó a las petroleras, y especialmente a Repsol, de 'extorsionar' al Gobierno 'tapando los pozos' de gas natural para negociar mejores precios.
Reclamaciones millonarias
En los arbitrajes contra Argentina están en juego miles de millones de dólares. Es probable que buena parte de las demandas sean retiradas antes de que llegue a dictarse un laudo, pues la estrategia argentina es demorar al máximo el proceso y ganar tiempo para lograr un pacto sobre las tarifas que incluya la retirada de las demandas de arbitraje. Pero los perjuicios sufridos por la pesificación de las tarifas son enormes. Se pasó de un peso por dólar a unos tres pesos por dólar y las tarifas se mantuvieron en pesos sin ajustar ni por la devaluación ni por la inflación. Endesa, por ejemplo, cifró provisionalmente su reclamación en 1.800 millones de dólares.
Un aluvión de pleitos con multinacionales
Las empresas españolas no están solas en la batalla legal abierta por los inversores extranjeros contra el Gobierno argentino por la pesificación y la congelación de las tarifas y el incumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos de privatización o concesión de los servicios públicos. Hasta 24 demandas de arbitraje contra Argentina se han planteado ante el Ciadi, organismo del Banco Mundial, desde la devaluación. Entre los demandantes están empresas como Siemens, AES, Pioneer, Suez, Vivendi, Total, EDF o BP. Electricidad, hidrocarburos, agua y gas concentran la mayoría de las reclamaciones.