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Columna
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¿Legislatura constituyente?

En España se ha agotado un ciclo político, dos legislaturas consecutivas de mayorías de centro-derecha ceden el testigo a una mayoría de centro-izquierda. Se abre una nueva legislatura, y un nuevo ciclo político. Y como en todo inicio de una nueva etapa, la incertidumbre planea sobre la cosa pública. Si hiciéramos una mirada retrospectiva al pasado, diríamos que el ciclo de la UCD fue el de la transición democrática y de la instauración de un régimen constitucional, el dilatado ciclo del PSOE fue el de la llegada al poder de la izquierda en un régimen de Monarquía Parlamentaria, la consolidación democrática y el ingreso de España en la CEE, y el ciclo del PP el del auge y el desarrollo económico hasta la plena homologación europea.

¿ Qué nos deparará el nuevo ciclo socialista? Es difícil aventurarlo, pero tengo la impresión de que será una etapa más política que económica. Durante las dos últimas legislaturas hemos asistido al ingreso en la unión monetaria, a avances notables en nuestro proceso de convergencia real con la UE en términos de renta y empleo, y a un crecimiento económico sostenido diferencial respecto a nuestros socios comunitarios. España tiene por primera vez un patrón de crecimiento claro, cuyo artífice fue Rodrigo Rato, y la elección de Solbes parece garantizar su continuidad.

Al país no le amenazan los nubarrones de la inestabilidad en su política económica, aunque sí existen ciertos riesgos que afectan a su textura institucional, a su estabilidad constitucional. Por eso intuyo que esta será una legislatura más política que económica. Y probablemente será así por razones exógenas al actual Gobierno, derivadas de la coyuntura política catalana y vasca.

La que acaba de comenzar en España va a ser una legislatura más política que económica

En el debate de investidura, el presidente del Gobierno se comprometía a emprender una reforma limitada de la Constitución en tres aspectos muy concretos: la potenciación del Senado como cámara de representación territorial, la alteración del orden sucesorio a la Corona para eliminar la discriminación por razón de sexo, y la inclusión de una referencia a la futura Constitución europea. Es una reforma limitada, que se puede suscribir. Pero este no es el problema, el problema es que si se abre la caja de Pandora luego es muy difícil de cerrar. En el actual contexto, el plan Ibarretxe podría entrar en ebullición, y cobrar alas la reforma del Estatuto de Cataluña que, en realidad, encubre una reforma constitucional. Es decir, si abrimos el melón constitucional, todo el mundo querrá su tajada, y es lógico.

La Constitución de la concordia, y del consenso, construida sobre precarios equilibrios podría perder toda su virtualidad política. No olvidemos que una buena Constitución no es aquella que satisface íntegramente a la derecha, o íntegramente a la izquierda, a los nacionalistas o a los no nacionalistas, asumiendo sin ambages sus postulados. Una buena constitución es la que acoge en su seno el suficiente grado de ambigüedad como para permitir que todas las opciones puedan sentirse razonablemente cómodas, y a un tiempo, razonablemente incómodas, con su texto. Es un crisol normativo que fusiona armónicamente aspiraciones aparentemente contradictorias, programas aparentemente antagónicos, ideologías aparentemente antitéticas. De esta dialéctica nace una síntesis que permite lecturas diversas, más autonomistas o menos autonomistas, más liberales o más socialdemócratas, y ello permite precisamente su adaptación a las circunstancias siempre cambiantes o, como decimos los juristas, su elasticidad.

Abrir el melón constitucional, tal y como está el patio, entraña sus riesgos en términos de estabilidad política. ¿Esto significa que la Constitución es intocable? No, en absoluto, el dogmatismo jurídico no existe, y el político menos. Es más, la Constitución, que es la ley de leyes, es de las pocas leyes que tiene previsto no uno, sino dos procedimientos de reforma, uno agravado y otro superagravado.

Lo que quiero decir es que, precisamente por la dificultad de su reforma, una vez planteada su revisión será muy difícil cerrarla sin zarandear seriamente el espíritu de consenso que la alumbró, máxime si se pretende dar cabida algunas reivindicaciones nacionalistas. Y esto vale para cualquier país, para EE UU con una Constitución de 200 años, o para un país como España que, como diría Ortega, no deja de ser un país invertebrado que se quedó a medio hacer.

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