Dos universidades de Valencia subastan el suministro eléctrico
Las dos universidades públicas de la ciudad de Valencia se han unido para subastar el suministro eléctrico, en una operación que rondará los 15 millones de euros. La Universitat de València y la Universidad Politécnica de Valencia adjudicarán su factura de la luz para los próximos 24 meses a la compañía que ofrezca el menor precio por kilovatio hora. El máximo de licitación es de ocho céntimos de euro.
Las compañías Iberdrola y Unión Fenosa son las que en la actualidad suministran la energía eléctrica a ambas universidades, cuyo consumo conjunto supera los 76 gigavatio hora al año. Esta cantidad arroja el máximo de licitación de 15,33 millones de euros. De ese total, 7,87 millones de euros corresponden al presupuesto de la Universitat de València y 7,45 millones al de la Politécnica. Con todo, las empresas que participen en la subasta deberán ofertar un precio fijo y único para el conjunto de ambas universidades y siempre inferior al máximo de licitación.
Según el gerente de la Universitat de València, Joan Oltra, la iniciativa, que califica de pionera en el sistema universitario público español, pretende 'mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos de la institución'. Oltra espera que, tras esta primera experiencia conjunta, puedan unirse el resto de las universidades de la Comunidad Autónoma, la Universitat Jaume I de Castellón, la Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Alicante, lo que haría mucho más atractivo el negocio para las compañías eléctricas. Fuentes de la Universitat destacan además que el hecho de que se trate de una subasta y no de un concurso, y por tanto la adjudicación se realizará al mejor precio.
Las dos universidades esperan que al concurso se presenten además de las operadoras nacionales, otras procedentes de la Unión Europea. La que consiga la adjudicación será responsable de la calidad del servicio, con independencia de que la distribución la realice un tercero. Las universidades realizarán su propio control de la calidad del servicio, que servirá de base para calcular las posibles penalizaciones. La empresa suministradora podrá ofrecer servicios adicionales a cada universidad.