¿Nueva regularización inmigratoria?
El nuevo Gobierno tendrá que resolver un dilema conocido. ¿Qué hacer con el millón de inmigrantes indocumentados que viven -y trabajan- en España? ¿Expulsarlos, como contempla el todavía discurso oficial? ¿Regularizarlos, como piden numerosas asociaciones? En este asunto no cabrán medias tintas ni mirar hacia otro lado, tal y como llevamos varios años haciendo; la pasividad no hará sino complicar la situación. Analicemos los datos.
¿Cuántos irregulares hay en España? Aunque no podemos saberlo con exactitud, sí podemos hacer un cálculo aproximado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) aquí viven más de 2,5 millones de extranjeros. Sin embargo, tenemos regularizados, de una manera u otra, 1,5 millones. La cifra de irregulares podría oscilar, pues, en torno al millón de personas.
Aunque estas cifras hay que relativizarlas, dado que la población inmigrante sale del país igual que entra, estamos hablando de muchas personas, de demasiadas para que permanezcan en el actual limbo jurídico que imposibilita su integración y su contratación legal por parte de los empresarios. No debemos olvidar que, aunque es verdad que algunos empresarios abusan de los inmigrantes irregulares, son mayoría los que tienen necesidad de mano de obra inmigrante y quieren contratarlos legalmente. Pero nuestro absurdo sistema se lo impide.
Cerramos fronteras, pero al que logra saltarlas le premiamos con sus papeles; es el famoso 'efecto llamada'
Pues bien, ya tenemos el cuadro de la realidad bosquejado. Un millón de personas indocumentadas, muchas de las cuales ya trabajan irregularmente con empresarios que están deseando legalizarlos. ¿Qué hacer? El sentido común dice que, de una forma u otra, tendrá que iniciarse un nuevo periodo de regularización. Pero llámese como se llame, este nuevo proceso evidenciaría de nuevo el mayor de los fracasos de nuestras leyes de extranjería, su incapacidad para regular legalmente los flujos migratorios. Tenemos leyes de fronteras, de expulsión y de mafias, pero que no arbitran mecanismos legales para que los inmigrantes que necesitamos puedan venir con sus papeles en regla. Prácticamente seguimos sin vías legales de entrada. Los contratos en origen o los de campaña, aunque positivos, apenas significan nada. Muchas veces oímos a nuestros compatriotas: 'Que vengan como los españoles fuimos a Alemania, con los papeles debajo del brazo'. Lo que pasa -y esto casi nadie lo sabe- es que durante muchos años entrar legalmente en España resultó del todo imposible. Para entradas previstas de 260.000 inmigrantes -según el INE- nos limitábamos a aprobar contingentes de 30.000. El propio Estado cebaba la bomba de la inmigración irregular de la peor forma posible: no dejando entrar legalmente a nadie, pero regularizando periódicamente a los que ya estuvieran dentro. Y ahora, vamos a tener que regularizar de nuevo.
Esta regularización tendría ventajas y algunos graves inconvenientes. La ventaja es que normalizaría la disparatada situación actual, y el inconveniente es que seguiríamos lanzando urbe et orbi el siguiente mensaje: 'Entre en España como pueda, que tarde o temprano terminará siendo legalizado'. Es el famoso efecto llamada de nuestros comportamientos administrativos: cerramos las fronteras, pero al que logre saltarlas, lo premiamos con sus papeles. Por eso, en paralelo con el inevitable proceso de regularización que nos vamos a ver obligados a realizar, tendremos que modificar la actual Ley de Extranjería. Y uno de los aspectos más trascendentes a reformar será el de los mecanismos de entrada. No podemos seguir sin regulación alguna de nuestros flujos inmigratorios, toda vez que si seguimos creciendo económicamente vamos a seguir necesitando inmigrantes.
Regularicemos la actual situación de embolsamiento de inmigrantes indocumentados, pero evitemos que en el futuro se puedan producir nuevos efectos llamada. Y eso sólo se conseguirá arbitrando mecanismos legales de entrada. No pedimos ninguna utopía; sencillamente aspiramos a que al menos las personas que necesitamos puedan entrar legalmente. Debemos ser conscientes de que, por muy perfecta que sea la nueva ley, seguirán surgiendo problemas. Pero, al menos, serían de menor entidad. Y, además, la ley debería arbitrar nuevos mecanismos para favorecer la integración, sobre todo en aspectos como vivienda, educación y sanidad, pero eso daría para otro artículo. Y, por favor, que no oigamos más desde instancias oficiales aquello tan manipulador de inmigración igual a delincuencia.