Terra Mítica propone a los acreedores capitalizar parte de la deuda
Terra Mítica está buscando fórmulas que le permitan salir del atolladero económico en el que está inmersa. Los presidentes de las dos cajas valenciana, Bancaja y CAM, aseguraron ayer tras reunirse con el presidente de la Generalitat (entre los tres controlan más del 60% del parque temático de Benidorm) que confían en llegar a un acuerdo con los acreedores -entre los que paradójicamente están las propias cajas locales- antes del final del mes que viene y evitar de esta forma la suspensión de pagos a la que está abocada en caso contrario.
La sociedad propietaria del parque ha puesto sobre la mesa, entre otras medidas, la posibilidad de que los acreedores capitalicen parte de la deuda, algo que a estas alturas se ve complicado. El propio presidente de Bancaja, José Luis Olivas, reconoció que 'la posibilidad está encima de la mesa, pero eso no quiere decir que finalmente se lleve a cabo'.
El principal problema de Terra Mítica en estos momentos es el préstamo sindicado de 111 millones de euros que le concedieron 25 entidades y a cuyo último plazo no pudo hacer frente el parque. Eso llevó a dos cajas de ahorros, Vital y Cantabria, a instar ante un juzgado de Benidorm el embargo de los terrenos en los que se asienta el parque y que sirvieron como aval. Le reclaman 3,5 millones de euros. El problema es que los terrenos del parque no pueden dedicarse a ningún uso que no sea el del parque, ya que se expropiaron para ese fin. Si se recalificaran, los antiguos propietarios podrían recurrir a los tribunales.
Sin embargo, la deuda de la sociedad es de 240 millones, una cantidad muy elevada para una empresa que en apenas unos años de vida ha acumulado 157 millones de pérdidas. Elevada además porque el parque no está cumpliendo con las previsiones de visitantes y, por tanto, de ingresos.
La solución pasa por renegociar esa deuda -alargando los plazos más allá de 2007 en el caso del sindicado- adecuándola al volumen real de negocio. El parque busca así evitar una suspensión de pagos que, políticamente, ratificaría el fracaso del proyecto impulsado Eduardo Zaplana.