El Gobierno presentará a finales de septiembre el plan de Kioto
En un par de meses el Gobierno hará público un borrador del Plan Nacional de Asignación de C02 y, tras las alegaciones pertinentes, lo entregará en Bruselas antes del 31 de septiembre. Con la premisa de que hay que cumplir la directiva, Medio Ambiente es partidario de una aplicación flexible hasta 2007.
El nuevo equipo del Ministerio de Medio Ambiente trabaja de lleno en la elaboración del Plan Nacional de Asignación (PNA) que determinará los derechos de las empresas afectadas por la directiva europea sobre comercio de emisiones de C02. El objetivo del departamento que dirige Cristina Narbona es presentar un borrador en dos meses y, tras las alegaciones de los afectados, llevar el plan a Bruselas antes del 31 de septiembre.
Hasta el momento, seis países han presentado sus PNA, cuatro han difundido borradores y los cinco restantes (entre ellos, España) los están elaborando.
Bajo la premisa de que hay que cumplir con los criterios que impone el Protocolo de Kioto (alcanzar en 2012 las emisiones registradas en 1990 más un 15%), en Medio Ambiente consideran que el objetivo es 2012 y que en el periodo de prueba, entre 2005 y 2007, es necesaria una cierta flexibilidad para conseguir una adaptación progresiva. El nuevo secretario general de Biodiversidad y Cambio Climático, Arturo González, declaró ayer a Bloomberg que el Gobierno es partidario de que las asignaciones que se otorguen se limiten estrictamente a lo que establece el Protocolo. Algunos estudios calculan que España tendrá un déficit de más de 100 millones de toneladas anuales de C02. En el caso del sector eléctrico (que supone el 25% de las emisiones), rondaría los 13 millones de toneladas. Además, Gonzalo se mostró partidario de la creación voluntaria de mercados sectoriales, o pooling de derechos, que solicitan todas las eléctricas, excepto Iberdrola.
Si bien el PNA sólo afecta a los sectores incluidos en la directiva de comercio de emisiones (energía, cemento, cerámica, papel y siderurgia), el nuevo Ejecutivo aspira a que se cumpla la corresponsabilidad que establece el Protocolo de Kioto, ya que éste abarca a otros 10 sectores, entre ellos, el transporte y la agricultura, y que representan el 50% de las emisiones.
Aunque todavía no se han concretado los mecanismos para incentivar la reducción de emisiones, una de las claves que se maneja es la de actuar sobre la demanda de energía, reduciéndola, sin alterar la producción, según fuentes del Gobierno.
Por el momento, el equipo de Narbona dispone de la 'valiosa' información recopilada por el anterior secretario de Estado de Energía, José Folgado, que no pudo elaborar su plan. Con todo, algunas empresas han recibido con alivio el nombramiento de Arturo Gonzalo, ex director de Medio Ambiente de Repsol, pues 'está mucho mejor preparado que el equipo de Folgado', según fuentes de las eléctricas.
Endesa e Iberdrola avivan su batalla particular
La disputa que mantienen las dos grandes eléctricas a cuenta de la directiva sobre el comercio de emisiones se ha avivado en los últimos días. Iberdrola se defendía ayer de acusaciones del fin de semana, asegurando que con los fondos que se van a liberar de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) y de la moratoria nuclear, 3.910 millones de euros entre 2005 y 2008, servirán para pagar el coste de adaptación medioambiental que exige la directiva. Endesa, por su parte, acusa a su competidora de oportunista, 'pues es la que ha cobrado la mayor parte de los CTC, 3.300 millones de euros'. Iberdrola acusó a todas las empresas del sector de haber cometido 'errores estratégicos'.