Trabajo estudia regularizar a los inmigrantes que tengan empleo

El Gobierno estudia la posibilidad de realizar un nuevo proceso de regularización de inmigrantes, de tal manera que se otorgue el permiso de residencia a quien salga de la economía sumergida y se dé de alta en la Seguridad Social. El proyecto está muy poco avanzado, y ni patronal ni sindicatos respaldan sin condiciones esta vía.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que el Gobierno está estudiando nuevas vías de regularización de inmigrantes ilegales que estén ya trabajando en España.

Sin dar muchos detalles, Caldera explicó que se trataría de establecer un cauce a través del cual si se aflora un empleo de la economía sumergida y se legaliza, dándolo de alta en la Seguridad Social, dicho trabajador inmigrante podría obtener el permiso de residencia.

Sin embargo, el ministro matizó que el Gobierno no hará en ningún caso regularizaciones generalizadas 'porque eso es un peligro que genera más atracción', indicó Caldera.

Empresarios y sindicatos temen que el 'efecto llamada' dispare la bolsa de irregulares

Además, añadió que los responsables de Inmigración del Ministerio hablarán con todas las fuerzas políticas y los agentes sociales 'para ver si por esta vía podemos conseguir que los empleos, si son estables mejor, puedan dar lugar a permisos de residencia'.

Dicho así, sin mayores concreciones, la propuesta del Gobierno levantó ayer la inquietud de empresarios y sindicatos.

Todos ellos, se mostraron dispuestos a negociar estas vías con el nuevo equipo de Trabajo pero con numerosas cautelas para que no se produzca como con los anteriores procesos de regularización, 'un efecto llamada que es contraproducente y lo contrario de lo que se quiere fomentar', indican fuentes patronales.

En los dos procesos que hubo con el PP se regularizaron 387.000 inmigrantes, con lo que se redujo la bolsa de irregulares, pero esto duró muy poco tiempo, porque el denominado 'efecto llamada', que hace venir a los inmigrantes con la esperanza de ser regulados en procesos similares, elevó en seguida dicha bolsa de inmigrantes 'sin papeles', hasta alcanzar el medio millón que calculaba, en privado, el Gobierno del PP.

Desde CC OO rechazan los procesos extraordinarios de regularización creen que no es la solución y prefieren que se aumente el contingente de trabajadores que reclaman anualmente los empresarios para realizar los trabajos para los que no encuentran españoles. Esta corrección del contingente debería completarse con 'trabajo de campo' en el país de origen.

También UGT introduce matices: cree que podrían regularizarse algunas situaciones con compromisos de ofertas de empleo vinculantes. Igualmente abogan por reducir el tiempo que tardan en tramitarse los permisos, que puede llegar a año y medio y por establecer mecanismos de garantía para que el trabajador inmigrante que es explotado pueda denunciar al empresario.

Algunas claves

Disparidad de cifras, entre dos y tres millonesA principios de este año había 1.647.000 inmigrantes que residían legalmente en España. Si bien los datos del padrón municipal indican la existencia de 2,6 millones . Este millón de diferencia obedece a los incentivos que ofrece empadronarse: su alta les da acceso a la sanidad pública y a la enseñanza y muchos están empadronados en varios sitios. Los ayuntamientos no evitan esta duplicidad porque reciben las ayudas en función de los empadronados. Las ONG creen que puede haber 800.000 irregulares.El visado, básico para poder trabajarUn extranjero que quiera trabajar en España necesita, según la ley vigente, un visado, un permiso de residencia y un permiso de trabajo. En la actualidad, el visado es la piedra angular de la regulación de extranjería. Con ello se pretende, según explica CC OO, que todos los trámites se realicen en el país de origen, con el fin de desincentivar la entrada irregular de inmigrantes. El nuevo redactado de la Ley limita la reagrupación familiar y elimina el concepto de arraigo por el tiempo de permanencia en España.El polémico ejemplo del País VascoEl Gobierno vasco ha puesto en marcha un plan de integración que incluye a los 11.000 inmigrantes irregulares que viven allí. Según este plan, los imigrantes que se empadronen en cualquier municipio vasco reciben la tarjeta sanitaria a los tres meses. A los seis meses reciben la ayuda mensual para las personas sin recursos, de 220 euros, cantidad que casi se duplica al año. Tienen acceso a la educación, los programas de formación profesional retribuidos y les facilitan el acceso a la vivienda.