Inmobiliario

Trujillo quiere que todos los ayuntamientos cedan suelo gratis para VPO

Uno de los pilares de la política de vivienda que prevé implantar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero será la puesta en el mercado de más suelo urbanizable, listo para edificar. Para ello, el Ejecutivo prevé acordar con los ayuntamientos la cesión gratuita de terrenos para aumentar así la oferta de casas protegidas (VPO).

La suscripción de este tipo de acuerdos entre Administraciones ha sido práctica habitual en Extremadura, y tal y como confirmó la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en su toma de posesión el pasado día 19, ése será el modelo a seguir en todo el país.

No en vano, en dicho acto oficial estuvo presente, además del regidor extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez. Este organismo, representante del poder municipal, fue el gran ausente en el intento por firmar un gran Pacto Estatal de Suelo, de enero de 2003, que después se confirmó como un estrepitoso fracaso.

En Extremadura, la hoy ministra ha desarrollado como titular de la Consejería de Fomento importantes acuerdos con los principales ayuntamientos de la comunidad, a excepción de Badajoz, por los que éstos ceden gratuitamente suelos de sus patrimonios inmobiliarios con el fin de que los promotores, exentos del coste del solar, construyan más viviendas protegidas.

Es crucial la implicación de los promotores en esta clase de iniciativas porque el mercado de la vivienda protegida es un negocio en el que se resisten a entrar por la escasa rentabilidad que ofrece al tener que soportar los mismos costes que en la libre, pero tener limitados los precios a los que pueden vender esos pisos. Fruto de esta política, que el equipo de Trujillo cree que es trasladable a nivel nacional, en la actualidad en Extremadura de cada 100 viviendas que se construyen, más de 35 cuentan con ayudas, muy lejos de las siete de media nacional. Y es que el aumento del peso que tienen los pisos de promoción pública en el total del mercado inmobiliario, situado en la actualidad por debajo del 10%, es una de las actuaciones que todos los agentes del sector considera que contribuirá a moderar los encarecimientos de las casas.

Valga de nuevo como ejemplo el caso extremeño. El esfuerzo que deben realizar las familias por adquirir casa en dicha comunidad se sitúa en torno al 30% de su renta, frente a más del 50% de media nacional. Además de las cesiones gratuitas de suelo, en el borrador de decreto del Plan de Vivienda de Extremadura 2004-2007, se contempla para hacer más dinámico ese mercado la adquisición directa o indirecta (a través de empresas dependientes de la Junta) de suelos para construir viviendas protegidas o también la urbanización de suelos que después sean destinados mayoritariamente a VPO.

Entre tanto, en Madrid el ministerio ya ha iniciado el inventariado del patrimonio estatal de suelos, según fuentes oficiales.

Más alquiler y apoyo a familias 'especiales'

De nuevo el Plan de Vivienda de Extremadura 2004-2007 demuestra su carácter innovador al contemplar 'un nuevo concepto de familia'. En este sentido, establece las unidades familiares que merecen 'especial protección': las numerosas, las monoparentales, las que cuentan con un minusválido, las que tienen mayores a su cargo, las víctimas de violencia doméstica y aquellas que se encuentren en situación de exclusión social o próximas a ella.

Una de las actuaciones estrella que contempla el programa extremeño es la protección del arrendamiento de viviendas nuevas o usadas, siempre que el precio de la renta no exceda de 350 euros mensuales. Además, prevé ampliar las garantías con avales y seguros de responsabilidad civil por daños e impago de renta en los contratos.

El plan incluye, al hablar de la tipología de las casas, su intención de construir en los próximos cuatro años 8.000 pisos con precios máximos de 60.000 euros, aunque también contempla casas de 100.000 euros para familias con ingresos de hasta 6,5 veces el salario mínimo interprofesional, dando así respuesta a un problema también de índole nacional: qué hacer con las familias que no pueden acceder a una VPO por exceso de renta, pero tampoco pueden comprar en el mercado libre por los altos precios.