Congreso

Los auditores reclaman una ley para regular el control a las cuentas públicas

Los auditores de cuentas celebraron ayer su primer congreso nacional, en el que demandaron la elaboración de una ley que permita regular con criterios homogéneos y de eficacia la actividad de la auditoría también en el sector público, tal y como ya ocurre en el ámbito de las empresas privadas.

Los principales organismos dedicados a la auditoría, tanto pública como privada, se dieron cita ayer en Toledo en el marco del I Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, con el objetivo de debatir qué medidas son urgentes de acometer para lograr significativos avances en el control de las cuentas públicas y cómo hacer que dichos controles se extiendan a todas las Administraciones y organismos públicos.

En este Congreso, organizado por el Registro de Economistas Auditores (REA), la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, y la empresa Auditores del Sector Público (ATD), en colaboración con Cinco Días, se puso de manifiesto cómo en el sector privado está perfectamente definido quién dicta las normas técnicas de auditoría, qué empresas están obligadas a presentar sus cuentas auditadas y cómo deben realizarse dichos controles.

Por contra, frente a los férreos controles y estrictos criterios que marcan la actividad de los auditores privados, en el sector público cada uno de los organismos que se dedica a la auditoría se rige por criterios diferentes y además no está suficientemente determinado qué administraciones deben estar obligadas a presentar sus cuentas auditadas y cómo debe hacer esa auditoría, según explica José María Gredilla, presidente de ATD.

Este problema de vacío legal y de falta de homogeneización de las normas técnicas por las que se guían los distintos organismos públicos: el Tribunal de Cuentas estatal, los tribunales autonómicos, en aquellas regiones donde los hay, o las empresas privadas que por encargo de gestores públicos realizan la auditoría en la Administración provoca situaciones como que se llegue a conclusiones diferentes para una misma coyuntura, ya que dependerá de que el estudio se haya realizado en un territorio u otro, sostienen la mayor parte de los congresistas.

Pero esa gran ley demandada por los profesionales del sector no sólo debe definir qué auditar y cómo, sino también qué preparación deben tener los autores de los informes, qué grado de preparación les debe ser requerido y si es o no conveniente que se inscriban en un registro de auditores, tal y como está ya regulado para el caso del sector privado.

Por último, reclamaron una reforma de la Intervención General del Estado para que evolucione desde el control previo actual hasta otro más a posteriori.

'El presupuesto no es transparente'

El catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, José Barea, explicó ayer por qué en su opinión los Presupuestos Generales del Estado no son lo suficientemente transparentes.

Barea criticó que no se compute como déficit las políticas públicas de servicios colectivos o sociales realizadas por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) o las sociedades estatales para la construcción y explotación de obras hidráulicas, entre otros entes.

Asimismo, denunció que los ciudadanos y el Parlamento desconocen la cuantía de los compromisos previos de gasto y su distribución temporal. Por ello, el profesor Barea instó a unir al proyecto de Presupuestos un anexo que detalle por años y programas los citados compromisos, lo que 'serviría para juzgar la sostenibilidad a largo plazo de la estabilidad presupuestaria'. Apostó por que las normas de reducción de impuestos vayan acompañadas de un informe sobre su cuantificación y si existe margen presupuestario para llevarlas a efecto.