Auditoría

Los auditores piden más control del gasto público

Los ayuntamientos británicos son los que más desarrollado tienen su sistema de control de cuentas. En España no están obligados por ley a auditarlas

Tras los escándalos protagonizados por no pocas empresas e inmersos en el debate sobre la necesidad de incrementar los controles externos sobre la contabilidad de las empresas, los profesionales de la auditoría sostienen que la homogeneización de las leyes debe extenderse también a toda la Administración Pública.

Pregunta. ¿En qué consiste una auditoría y qué diferencias tiene la de una empresa privada, frente a las que se realizan a las cuentas públicas?

Manuel Efren ÁLvarez Artime. Formalmente no hay grandes diferencias. En base a unos criterios técnicos establecidos por ley el auditor realiza un informe sobre las cuentas presentadas por una administración y dicho informe puede tener efectos frente a terceros. Hay que dejar claro que la auditoría no busca fraudes, sino comprobar si las cuentas presentadas son razonables.

José María Gredilla. Una de las diferencias de las auditorías en el sector público es que además de suponer una verificación de la legalidad, son también un examen de la gestión, es decir, concluyen si se han utilizado de manera eficiente los recursos públicos.

Miguel Ángel Cabezas. Además, el cliente de ambas es distinto. En el caso de la auditoría privada está encaminada al ciudadano como inversor, mientras en el sector público el cliente-contribuyente lo que quiere conocer es que sus dineros se han empleado con arreglo a la legalidad, que se debería dar por supuesta, y de manera eficaz o eficiente.

P. ¿Qué porcentaje del gasto público se escapa al control de la auditoría?

M.A.C. Las corporaciones locales son las que menos se auditan porque sencillmanete no tienen obligación de hacerlo. Mientras, las comunidades autónomas se auditan regularmente y el Estado también. Nosotros, en el caso de Castilla-La Mancha, controlamos un 80% del presupuesto público, en contrataciones un 90%, en subvenciones un 70%.

P. Y en Europa, ¿Cómo se lleva a cabo este control?

J.M.G. Los más avanzados en este sentido, son las corporaciones locales del Reino Unido y de los países escandinavos. En el caso británico, las cuentas de los ayuntamientos se auditan al menos una vez durante la legislatura. Tienen además un sistema semiprivado porque los encargados de esos controles son tanto auditores de la Administración, como empresas externas.

P. En el sector privado está clara la separación entre la empresa y el auditor, ya que éste es externo, independiente y profesional. ¿Ocurre lo mismo en el sector público?

M.A.C. En este sentido, debemos romper una lanza en favor de ellos. Frente a la tentación de destacar únicamente que son funcionarios o que han sido nombrados por los gestores, debemos recordar que la Intervención General del Estado ha sido pionera en muchos aspectos, tales como la contratación de auditores externos.

P. El problema es que existen algunos precedentes, como por ejemplo hace ocho años cuando se produjo el cambio de Gobierno y se descubrieron facturas sin pagar. ¿Es que la Intervención no había dicho nada?

M.E.A.A. Lo que creo es que en la sociedad hay una demanda de transparencia en las cuentas públicas. Al igual que en las empresas los accionistas analizan el balance, en las cuentas públicas el ciudadano quiere saber en qué se ha gastado el dinero procedente de sus impuestos. Por eso, creo que el objetivo fundamental es lograr la transparencia en las cuentas públicas con los mismos criterios de supervisión que tiene el sector privado.

P. ¿Cuánto nos falta para logar un óptimo grado de control sobre el gasto público? ¿Se puede auditar también la gestión de los ingresos?

M.A.C. A pesar del debate que se está iniciando a raíz de escándalos como el de Enron, el nivel de control de la Administración Pública española es razonablemente bueno, a excepción de los ayuntamientos.

J.M.G. También se está haciendo algo en el apartado de los ingresos, aunque lo que hay que exigir para que pueda llevarse a cabo de manera objetiva es la implantación de una contabilidad analística en todas las administraciones públicas.

Enzo Lazzerini

'El debate que se abre ahora de reforma en el sector público debe ser permanente y no coyuntural'

José María Gredilla

'La seguridad de que se ha actuado de forma correcta sólo la da la transparencia en la información'

Manuel Efren Álvarez

'Tal y como ocurre en el sector privado, las normas contables para la Administración deben agruparse'

Miguel Ángel Cabezas

'Hay que tratar de elaborar un plan regional de auditorías para controlar las cuentas de los municipios'

Leyes contables homogéneas

Para lograr una información que refleje fielmente la situación de las cuentas públicas no sólo hace falta una nueva normativa, en opinión de los expertos y auditores, sino también que las distintas leyes que se apliquen en cada comunidad sean homogéneas.

'De nada sirve obtener toda la información financiera de una autonomía de forma aislada, si después no se puede comparar con otra porque los criterios aplicados en cada informe no sean homogéneos', sostiene Miguel Angel Cabezas.