COLUMNA

Agenda política y económica

Los principales retos que debe afrontar el nuevo Gobierno son políticos y no económicos. En primer lugar, es fundamental que España vuelva a tener una política exterior pragmática, que piense en sus intereses, y para ello el Gobierno deberá, con tacto pero con firmeza, abandonar la política exterior monocolor de sumisión a la Administración republicana de los Estados Unidos y recuperar la tradicional política de amistad con este país, pero de forma que no impida la especial relación con Europa, norte de África y Latinoamérica, que es donde nos jugamos nuestros euros.

El segundo desafío de la agenda política es el de reordenar el fenómeno autonómico, que aunque tenga algún contenido económico -el sistema de financiación-, es también un asunto político. Finalmente, la tercera gran tarea es la de poner en marcha todo lo que se ha llamado regeneración democrática: la televisión plural, la mejora del funcionamiento del Parlamento, etcétera.

Pero si las tareas más importantes son políticas, ello no significa que no haya interesantes asuntos en la agenda económica.

El Consejo de Ministros acaba de nombrar vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia a un general paracaidista

El reto principal es peliagudo y consiste en encontrar la fórmula de salir de los desequilibrios acumulados por la actual fase expansiva sin poder recurrir a la devaluación, y aunque la receta del programa electoral socialista es acertada -incrementar la productividad- no será nada fácil diseñar e implementar sus medidas de forma que tengan efectos suficientemente rápidos.

Entre otras tareas económicas que deberá emprender el nuevo Gobierno está la imprescindible modernización de la Administración económica. Un país avanzado requiere una Administración económica que, en los aspectos relacionados con la regulación y la competencia, esté lo más alejada de las interferencias políticas para que los profesionales competentes puedan realizar adecuadamente su trabajo.

Como sucede con otras reformas, para diseñar una Administración regulatoria moderna no hace falta inventar nada, sino que basta con aprender de lo que han hecho los países donde funcionan mejor ese tipo de órganos.

Pero esa reforma no debería ser precipitada. Debería evitarse, por ejemplo, el espectáculo que nos ha proporcionado el Gobierno popular de haber aprobado diez reformas de la Ley de Defensa de la Competencia a golpe de decretos leyes y leyes de acompañamiento.

Lo que importa ahora es diseñar sistemas normativos e instituciones estables y respetadas por medio de una reforma reflexiva que recoja las opiniones de todos los interesados y conocedores de este campo de la regulación y la competencia.

Para tener éxito en esta tarea será muy útil el nuevo estilo político de diálogo y de gobierno para todos.

Para conseguir un buen diseño institucional de Administración económica es fundamental huir de esa actuación sectaria que ha utilizado estos órganos para rellenarlos con fieles al Gobierno ignorando, en la mayoría de los casos, que la competencia profesional debería ser el criterio esencial en la selección de sus componentes.

Así se ha actuado hasta el último momento ya que, en el Consejo de Ministros posterior al atentado y anterior a las elecciones, se nombró vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia a un general paracaidista, sin consultar a la oposición.

Aunque al nuevo Gobierno le entraran ganas de hacer lo mismo una vez que llegase al poder, debería resistirse porque este país necesita iniciar una época nueva en el diseño de sus instituciones regulatorias, que no estén al servicio del Gobierno de turno, sino que se diseñen con un horizonte más largo, más estable, pensando en el interés de España y no en beneficio de un partido en concreto.