Elecciones y vivienda
El incremento del número de viviendas en construcción no ha contribuido a hacer más fácil el acceso a la vivienda, sino que ha favorecido la especulación y la reducción drástica de VPO. Para evitarlo, el autor propone enérgicas medidas de intervención pública
El debate sobre la vivienda debería haber llenado la campaña electoral porque es un gran problema de nuestra sociedad. Desde 1996 los precios de la vivienda han subido seis veces más que los salarios y, para un ciudadano de ingresos medios, su coste supone más de siete veces su salario. En la UE esta ratio es de cuatro, como era en España en 1996, cuando el Gobierno del PP anunciaba en las Cortes que con sus políticas liberalizadoras los precios iban por fin a bajar.
Ha ocurrido todo lo contrario. El encarecimiento de la vivienda es tan espectacular que es objeto de preocupación explícita de todos los organismos económicos internacionales. Y ello a pesar de que la evolución del sector ha respondido fielmente a los postulados del PP: el número de viviendas iniciadas se ha disparado hasta las 700.000/año y se ha calificado suelo urbanizable como para construir más de seis millones de viviendas, pero, a su vez, la vivienda se ha hecho inaccesible para muchas familias y sobre todo para los jóvenes.
Es necesario revisar la fiscalidad y garantizar mayor seguridad al contrato de arrenda-miento para aumentar la oferta de vivienda en alquiler
A pesar de los bajos tipos de interés, el porcentaje medio de los ingresos que se dedica a pagar la hipoteca roza el 50%, cuando en 1996 apenas superaba el 30%. Y el endeudamiento de las familias con respecto a su renta disponible casi se ha doblado. Todo un éxito de mis sucesores en el Ministerio de Obras Públicas, hoy de Fomento, para los que no hay motivos de preocupación puesto que todo lo que se construye se vende.
Pero esta situación tiene graves consecuencias sociales, puesto que es la causante de que la generación de nuestros hijos sea la que más tarda en emanciparse de toda Europa. Y en ello tiene enorme responsabilidad la política del PP, que ha favorecido la especulación y ha reducido drásticamente la VPO, confundiendo la política de vivienda con el impulso a la expansión incontrolada de las ciudades y a la masiva construcción de viviendas, sin preocuparle que su precio fuera desorbitado para muchas familias, y en particular para los jóvenes.
La 'liberalización' del suelo del PP ha consistido, exclusivamente, en reducir al mínimo el suelo no urbanizable, y en favorecer que la ciudad, concebida como un mercado de suelo y no como un espacio políticamente organizado, se transforme sólo en función de intereses particulares.
Por ello, frente a quienes consideran la vivienda sólo como un activo económico, sometido exclusivamente a las leyes de la oferta y de la demanda, el programa socialista refuerza su carácter de derecho efectivo, y para ello propone enérgicas medidas de intervención pública.
La más urgente es modificar la legislación y la política de suelo. A su elevado coste se atribuye la responsabilidad en el encarecimiento de la vivienda cuando, en realidad, el precio del suelo viene determinado por el precio de lo que puede edificarse sobre él: así, el propietario de un suelo puede aprovechar el carácter monopolista de su bien, y fijar un precio que nada tenga que ver ni con el coste inicial del mismo ni con eventuales inversiones realizadas, sino con la expectativa de beneficio de quien va a desarrollar el suelo.
El PSOE propone una nueva ley estatal que garantice, en toda España, otro modelo de urbanismo que establezca un valor legal del suelo que no justifique ganancias especulativas para sus propietarios, y que introduzca reservas obligatorias para VPO: una medida imprescindible para que exista suelo urbanizado a coste compatible con el precio de la VPO.
La lucha contra la especulación requiere, además, mucha más transparencia, mucho más control social. Por ello, el PSOE propone extender al urbanismo compromisos ya asumidos en otros ámbitos: implantar registros públicos de suelos, de expedientes urbanísticos, de intereses y actividades de los responsables públicos, así como nuevos mecanismos de asignación de los suelos públicos y de ejercicio del derecho de retracto sobre suelos destinados a VPO, para evitar lo sucedido, por ejemplo, con los PAU de Madrid, en los que las sucesivas transmisiones a precio libre han encarecido tanto el suelo que ahora resulta imposible la obligada construcción de viviendas al precio de la VPO.
Para aumentar la oferta de vivienda en alquiler, además de la necesaria revisión de la fiscalidad -que hasta ahora ha favorecido excesivamente la compra de vivienda-, es imprescindible garantizar mayor seguridad al contrato de arrendamiento.
Para ello, se propone crear una agencia pública de alquiler, con el objetivo principal de movilizar un millón de viviendas vacías durante la próxima legislatura, garantizando al propietario una mayor cobertura de riesgos y estableciendo, por primera vez a escala nacional, ayudas directas al inquilino, además de potenciar los fondos de inversión inmobiliaria.
Un nuevo plan de vivienda ampliará hasta 180.000/año el número de familias objeto de ayudas públicas para acceder a la vivienda, que en los últimos ocho años han caído, en media, a sólo 55.000/año. La composición de las actuaciones propuestas incrementará significativamente las correspondientes al parque de viviendas ya existente, favoreciendo su venta o alquiler a precio asequible.
También se propone reformar la VPO, para que sólo pueda ser vendida, en segundas y posteriores transmisiones, a otros demandantes de VPO inscritos en un registro público.
Para llevar adelante estas propuestas será imprescindible la concertación con todas las Administraciones y agentes, así como revisar la financiación de las Haciendas locales, con el fin de implicar mucho más a los ayuntamientos en la política de suelo y de vivienda. Pero se trata, en todo caso, de una propuesta radicalmente diferente de la del PP, que debería haber sido objeto de contraste si el PP no se hubiese negado a realizar debates durante la campaña.