El voto electrónico
El voto por internet llegará antes al mundo del gobierno corporativo que al de la política. En las elecciones generales del próximo domingo, 14 de marzo, no estará permitido el voto electrónico y sólo se harán algunos ensayos, sin validez legal, utilizando pantallas táctiles, en cambio, el año que viene ya se podrá votar desde la Red en las juntas de accionistas de algunas empresas.
El Estatuto de los Trabajadores de 1980 y el Reglamento de Elecciones de 1994 regulan en España los procesos electorales, admitiendo sólo las modalidades del voto por correo y presencial, por lo que sería necesario reformar las leyes para incluir el voto electrónico y lograr que el ordenador cohabite con la urna o la mesa itinerante, algo que no se contempla en ningún programa electoral.
Donde avanza la e-democracia es en las empresas. En julio de 2002 el Gobierno encargó a una comisión presidida por Enrique Aldama que le propusiera criterios y pautas para fomentar la transparencia y seguridad en los mercados financieros, y ahí se puso la semilla legal del voto electrónico en las juntas de accionistas, pese a que el informe de esa comisión, tan pusilánime en muchas de sus propuestas, sólo aludía de pasada a la conveniencia de implantar la delegación y el voto por medios electrónicos y no defendió su implantación obligatoria.
Ningún partido contempla en su programa electoral el sistema de votación por medio de internet
Doce meses después, la llamada Ley de Transparencia transformó en exigencia legal muchas de las recomendaciones de la Comisión Aldama y se añadió un apartado al artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 con el fin de permitir el voto electrónico. El problema es que éste sigue siendo optativo y el que llegue a las juntas de accionistas queda a la voluntad de los consejos de administración, que son los que deben proponer que se reglamente y que se instalen las aplicaciones informáticas precisas para su implantación.
Algunas de las juntas de accionistas que se vienen celebrando están modificando ya los estatutos sociales para permitir el e-voto, utilizando para ello la firma electrónica reconocida, equiparable a la manuscrita y cuya Ley entró en vigor hace un año. Esa firma es un archivo que se adjunta a un correo electrónico y que permite al receptor del mismo identificar a su autor, comprobar la procedencia e integridad del mensaje y evitar el repudio de la comunicación en la Red. En nuestro caso, garantiza que no ha sido alterado el sentido de voto de los distintos puntos del orden del día y que el remitente es el accionista que dice ser.
Una junta de accionistas es la máxima expresión de la soberanía de las empresas, pero en las grandes, con un millón de accionistas, apenas un millar acuden a esa asamblea, bien sea por falta de interés, exceso de comodidad, para evitar desplazamientos o por problemas de calendario. Por eso el voto electrónico, que facilita a un accionista de Pamplona tener una presencia activa en una junta que se celebra un sábado en Madrid, sería un avance para traer la democracia a la empresa y evitar así que la soberanía se la quede el consejo de administración, respaldado con las delegaciones de voto que han recolectado los bancos y las cajas de ahorros entre sus clientes. Además de estimular la participación, el voto electrónico aporta rapidez y fiabilidad en el cómputo de los votos, sin merma de la seguridad, pero su implantación va a ser como una carrera de obstáculos. Además de ser voluntario para las empresas, es un proceso complejo y no será fácil que los accionistas se habitúen a él y, por si faltaba algo, la inmensa mayoría de los ciudadanos carecen de la firma electrónica reconocida que es necesaria para ejercerlo.
El Gobierno futuro debe ayudar a que se popularice la firma electrónica, acelerando la implantación del e-DNI, que la recogerá en su chip. Además, debería hacer el voto electrónico obligatorio para las empresas que coticen sus acciones en los mercados organizados, aunque esa obligación sea gradual, empezando por las sociedades del Ibex 35.
Igual que hubo una Comisión Aldama, necesitamos una nueva comisión (Soto, o quién sea) que proponga al Gobierno criterios para lograr un internet más participativo, ejecutando sus propuestas en el marco del programa españa.es, el nuevo instrumento para fomentar la Sociedad de la Información. El voto electrónico debería ser una de ellas.