La CNE encuentra serias dificultades para consensuar el informe sobre la energía verde
La CNE no logra un pacto interno en el expediente abierto sobre la venta de energía verde por parte de las grandes eléctricas. Frente a la posición crítica de los técnicos, el equipo jurídico no ve irregularidades.
En el orden del día del consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía del pasado jueves 26, figuraba el expediente informativo que abrió hace unos meses sobre la tarifa denominada energía verde que ofrecen las dos grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola. La resolución se pospuso por las dificultades internas que está encontrando el órgano regulador, que preside Pedro Meroño, para llegar a un acuerdo.
Fuentes del sector aseguran que no es la primera vez que se produce un aplazamiento y que la razón está en las diferencias de criterio entre los servicios técnicos, que han elaborado un informe muy duro contra la venta de energía verde, y los servicios jurídicos, que han presentado al consejo un informe más político, en el que manifiestan que no se aprecian irregularidades. 'Simplemente -aseguran las mismas fuentes, aludiendo a este informe- las empresas han aprovechado un vacío legal'. En este sentido, hay quien asegura que, finalmente, la CNE remitirá la investigación a Competencia y Consumo para que se pronuncien sobre la posible existencia de competencia desleal o publicidad engañosa.
Además de las distintas conclusiones sobre la investigación (existen cuatro informes distintos, uno por cada dirección general), uno de los escollos que está encontrando la Comisión es el papel que desempeña Red Eléctrica, que es la encargada de expedir en España los llamados certificados RECS, 'que garantizan que la energía que se vende a través de la llamada tarifa verde procede de fuentes de energía 100% renovables, libres de emisiones de C02 y de gases de efecto invernadero', según información de Iberdrola.
El RECS es un sistema de certificaciones constituido por varias compañías eléctricas europeas que, aseguran en Iberdrola, 'sólo puede certificar plantas renovables pertenecientes al régimen ordinario -que no reciben primas-, por lo que la energía verde procede de centrales minihidráulicas de menos de 10 MW de potencia'.
Iberdrola sale así al paso de quienes venían denunciando que se incluía en estas certificaciones la gran hidráulica (que sí está admitida en Europa) y las renovables que ya están primadas.
Incógnitas legales
En estos momentos, tanto Endesa como Iberdrola ofrecen tarifa verde, si bien, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán está siendo más activa. Ya tiene más de 10.500 contratos de energía verde entre clientes domésticos, empresas e instituciones, con consumo anual de 169,3 millones de kilovatios.
Por contra, Unión Fenosa ha renunciado a realizar estas ofertas a sus clientes, 'en tanto no haya una regulación que haga que estemos todos en igualdad de condiciones para competir'. De hecho, el pasado mes de noviembre, Fenosa elevó a la CNE una consulta sobre la legalidad de la tarifa verde y para que el órgano regulador haga una definición clara de la misma.
Ante las dificultades de la CNE para pronunciarse, un experto asegura que 'es comprensible porque, desde el momento en el que esta energía está certificada, es difícil demostrar su ilegalidad'. En su opinión, 'el problema es que se perciba un ingreso doble, si es que se vende energía renovable con sobreprecio, pues ya está primada'.
Las mismas fuentes aseguran que la CNE ha debido percibir 'deficiencias en la información al consumidor', que debe ser investigado por Consumo. También se podría estar vulnerando la ley de competencia, al producirse un problema de liquidación entre empresas. Así lo ve un analista: 'Al mercado mayorista va toda la energía eléctrica y después las empresas compran una mezcla indefinida'. La situación sería distinta, añade, 'si hicieran un contrato directo con las productoras de renovables para vender después esta energía', algo que no está claro que hagan las empresas.
Nueva tarifa. Un mercado con futuro y sin regular por 10 euros desde 2003
La tarifa verde que ofrecen las eléctricas es una tarifa libre que tiene un recargo aproximado de 10 euros por recibo. Los críticos consideran que es una estrategia de comercialización de las grandes eléctricas para no perder margen al captar a un cliente de tarifa regulada, algo que siempre ocurre en este trasvase.La venta masiva de energía verde en España comenzó en septiembre. Esta energía puede contratarla cualquier consumidor con independencia de su ubicación, su consumo y de que sea o no cliente de la empresa que se la ofrece. Desde que se inició la comercialización se desató la polémica sobre su legalidad.En los países europeos hay más de 2,6 millones de clientes con contratos de energía verde. Holanda es el más desarrollado, con 1,3 millones de clientes, pues éstos sólo pueden elegir suministrador si contratan esta tarifa. En Suecia la suministran 50 empresas; Alemania tiene 325.000 clientes y Reino Unido, 45.000.