'Vamos a incentivar los planes de pensiones'

Rafael Cámara (Bilbao, 1965) ocupa desde hace casi un año la Secretaría General de Haciendas Territoriales, cargo desde el que ha sido llamado por Mariano Rajoy para integrar el selecto equipo que ha elaborado su programa económico. Culminada la tarea, explica algunos de sus aspectos más notables en uno de los escasos paréntesis que ahora le deja su actividad política en el País Vasco.

Pregunta. ¿Hasta cuándo tiene recorrido el lema de 'menos impuestos y más prosperidad'?

Respuesta. En 1996 ya dijimos que el recorrido que tenía nuestra reforma fiscal era amplísimo porque se trataba de conseguir un cambio de mentalidad. En España reinaba el convencimiento de que la única manera de generar recursos económicos era mediante la subida de impuestos y de que los problemas de carácter fiscal tenían un componente estructural. Hemos operado un cambio de mentalidad radical en la economía española considerando que todas las variables están unidas. Por tanto, hay que hacer reformas estructurales serias para las que todavía queda recorrido y hay que mejorar la renta disponible de las familias. æpermil;stas han visto cómo desde el año 1995 su renta ha pasado de 300 millones de euros a 415, pero todavía necesitan mejorar. Por eso vamos a hacer una tercera reforma fiscal.

'Fomentaremos los seguros de ahorro con un tratamiento fiscal análogo al de los planes de pensiones. Las personas mayores podrán obtener rentas vitalicias contratando seguros sobre la vivienda'

'Calculamos que en el primer ejercicio de su aplicación la nueva reforma fiscal tendrá un coste aproximado de 4.000 millones de euros'

P. ¿Esta reforma descansa en una motivación política o económica?

R. La razón básica es que con ese cambio de mentalidad hemos descubierto que existen posibilidades económicas reales para seguir generando riqueza y dedicarla al consumo, a la inversión o al ahorro.

P. Pero este es un discurso que les ha arrebatado la izquierda.

R. No, sencillamente ha sido seducida por los éxitos del PP. Le damos la bienvenida a una posición en la que nunca había estado. La izquierda ha visto que ya no puede ir contracorriente. Los últimos debates del estado de la nación los ha perdido por negar los frutos de nuestra política económica. En la época que gobernó el PSOE, no asumió que eso de bajar los impuestos era de izquierdas. Por eso ahora sus propuestas son poco creíbles. Cuando dice que va a eliminar el IRPF a siete millones de contribuyentes con una tarifa plana para rentas muy superiores a la media de los españoles, pues se antoja imposible. No es viable que siete millones de españoles con un tipo medio del 29% o 30% dejen de pagar el IRPF. Tendrán que explicarlo.

P. ¿Cuál sería el perfil medio del contribuyente más beneficiado por la nueva reforma del IRPF que ustedes proponen?

R. Una familia con renta baja o media.

P. ¿Y en cuánto se cifraría su impacto recaudatorio?

R. Los resultados se pueden mirar desde dos ópticas. Podemos hablar de un coste fiscal en el primer ejercicio de 4.000 millones de euros, que incluye la duplicación de los mínimos exentos previstos para las familias españolas. Otra óptica es calcular el ahorro fiscal que genera la reforma de forma inducida. Hemos visto que el ahorro fiscal que produjo la primera reforma ha sido de 20.000 millones. En 2004, el beneficio previsto para los contribuyentes es de 3.800 millones. Esto ayuda a cambiar la mentalidad: no es tan importante el coste inmediato de la reforma como los beneficios sobre el ahorro fiscal y el aumento de la recaudación. Desde la primera reforma, estamos recaudando el 50% más en el impuesto sobre la renta, el doble en IVA y el triple en sociedades. Por tanto, está habiendo un incremento notable de la recaudación bruta.

P. ¿Qué calendario tiene la reforma?

R. Aún no lo hemos precisado. La rebaja que prometimos en 1996 tuvo efectos sobre el ejercicio de 1998 y luego vino la segunda en 2002. Ahora jugamos con un horizonte de cuatro años. La decisión de cuando se pone en marcha la tomará el nuevo ministro de Hacienda.

P. Si las cuentas no llegaran a cuadrar porque la recuperación no se consolidara, ¿está en sus planes eliminar algunas deducciones en el IRPF?

R. Es una posibilidad totalmente descartada. Insisto en que hemos operado un cambio de mentalidad. Antes de 1996, cuando llegaba un ciclo económico malo, las autoridades fiscales ponían en marcha medidas quirúrgicas que terminaban por multiplicar los efectos perjudiciales de la crisis. A partir de la llegada del Partido Popular al Gobierno, los desequilibrios básicos fueron superados bajo la premisa de la estabilidad presupuestaria, un instrumento necesario para devolver la salud a la economía. Eso ha permitido que los estabilizadores automáticos de la economía funcionen. No son necesarias medidas paliativas, sino reformas estructurales.

P. ¿Este es un compromiso de futuro?

R. Sí, hemos hecho reformas en el mercado de trabajo y en el de bienes y servicios que permiten que la economía funcione de forma desahogada. Por eso hemos resistido la desaceleración mejor que nuestro entorno. En todo caso, hemos logrado márgenes financieros suficientes con equilibrio presupuestario para que, en caso de que se produzcan situaciones de desventaja en el ciclo económico, podamos salir airosos.

P. De todas formas, algunas deducciones, como las de vivienda, están siendo absorbidas poco a poco por el efecto inflación.

R. No es cierto. Hay dos formas de actuar sobre la actividad económica: con medidas puramente coyunturales o con políticas de mejora de la oferta. En el tema de la vivienda, se trata de incrementar el parque de alquiler y de mejorar las ayudas fiscales para las compras, cosa que vamos a seguir haciendo.

P. ¿Habrá nuevos incentivos fiscales para los planes de pensiones?

R. La primera vez que los ahorros a largo plazo tuvieron en España un tratamiento fiscal favorable fue a partir de 1996. En la actualidad, se desgravan por esta vía más de 2.300.000 personas. La nueva reforma fiscal va a favorecerlos. Hasta ahora, la mayor renta disponible de las familias se ha dedicado a inversión y consumo. Vamos a tratar de canalizarla hacia el ahorro y, para ello, vamos a mejorar fiscalmente los planes y fondos de pensiones, haciendo más atractiva la previsión social complementaria.

P. ¿Cómo?

R. Es indudable que los organismos internacionales que siempre otorgan buena calificación a los compromisos financieros que formaliza España siguen apoyando la necesidad de generar compromisos adicionales relacionados con el envejecimiento de la población. Tenemos que dar respuesta a esta cuestión y vamos a favorecer que un mayor número de españoles tengan planes asociados a su jubilación.

P. ¿Está pensando en alguna medida concreta?

R. Entre otras medidas, fomentaremos la contratación de seguros de ahorro con un tratamiento análogo al que tienen los planes de pensiones e incentivaremos fiscalmente que las personas mayores puedan obtener rentas vitalicias contratando seguros realizados sobre la vivienda.

P. ¿Considera que han desaparecido ya los prejuicios sobre los sistemas complementarios de previsión social?

R. Sí, es natural. Partíamos de una situación de quiebra de la Seguridad Social en 1995 cuando sólo se les daba a los españoles una opción para garantizar su pensión. Ahora lo que decimos es que el futuro de las pensiones está garantizado por ley y por el Fondo de Reserva y que es razonable que se complementen con planes privados porque es bueno.

P. ¿Cuáles son las prioridades en la reforma del impuesto de sociedades?

R. Vamos a mejorar el tratamiento fiscal de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más empleo, y a multiplicar los esfuerzos para mejorar la fiscalidad de las inversiones en investigación y desarrollo. Produce inquietud entre las empresas que más empleo crean mensajes como la posible eliminación del sistema de módulos. Por otra parte, no se puede atribuir una posición de defraudador nato al pequeño empresario porque vaya a invertir en tecnología. Nuestro objetivo es que las inversiones en tecnología aumenten en porcentajes del 10% anual.

P. ¿Y en el impuesto sobre plusvalías?

R. Hay que mejorar las expectativas de ahorro porque produce efectos reconfortantes para la recaudación. Lo que no vamos a hacer son reformas como la extremeña, en las que se perjudica la posición de los ahorradores.

P. ¿Podrían hacer esta tercera reforma fiscal sin mayoría absoluta?

R. Claro que sí. Ya hicimos la primera reforma sin mayoría absoluta. Aunque se nos llamó de todo y por su orden. A esta primera reforma se apuntaría con los ojos cerrados el PSOE. No hay ninguna razón para pensar que es necesaria una mayoría absoluta para hacer una tercera reforma fiscal. Hemos convencido hasta a Miguel Sebastián de que hay que bajar los impuestos.

P. Pero ¿qué peaje tendría que pagar el Gobierno por el apoyo de CiU en el Parlamento?

R. Hablar de peajes cuando las propuestas que provienen de Cataluña han sido desechadas por el propio partido que las propuso no tiene sentido. La última propuesta que conozco del Gobierno de Maragall es perjudicar la financiación de comunidades como Andalucía o La Rioja y beneficiar, por ejemplo, la de Madrid. Como es impensable que sea eso lo que quiera hacer Cataluña, tendrá que replantearse si este es el peaje, porque sería incomprensible. Debajo de esta propuesta subyace la eliminación del modelo de financiación autonómica para mejorar cuatro décimas su financiación y empeorar 17 puntos la de La Rioja. Es un peaje que nadie va a pagar, ni siquiera el PSOE.

P. ¿El acompañamiento de CiU sería, pues, confortable para el Gobierno en esta reforma?

R. Si el PSOE fuera serio, apoyaría nuestra reforma, porque estamos diciendo las mismas cosas que este partido querría decir.

P. Estoy hablando de los nacionalistas catalanes.

R. A Cataluña le ha ido extraordinariamente bien cuando los nacionalistas han colaborado en el Congreso con el PP durante ocho años para promover nuestras reformas económicas. Falta por saber si los dirigentes de CiU quieren seguir incorporándose o no al progreso de España. Se verá después de las elecciones.

P. Se lo decía porque hay en su partido quienes siguen considerando a CiU una gestoría que atiende sólo a intereses privados.

R. Es mejor hablar de los resultados de nuestra colaboración. Y Cataluña puede presumir de estar en un nivel de renta por encima de la media comunitaria. Eso se ha producido gobernando el PP en España y también con un Gobierno con mayoría absoluta en la última legislatura. No hay ninguna razón para que CiU se desvincule de la colaboración con el PP. Si lo hiciera por estrategia electoral, se equivocaría.

P. La actualización de las tablas de amortización de las empresas beneficia, sobre todo, a las grandes compañías.

R. No, en España ya hemos superado el debate sobre las medidas que favorecen a los ricos o a los pobres. En todo caso, quien ha demostrado su intención de favorecer las rentas de los más poderosos ha sido el PSOE, con lo que algunos denominamos la tarifa plana para ricos, su propuesta de tarifa única de IRPF, aún no presentada. En nuestro caso, sólo perseguimos favorecer la inversión productiva en bienes de equipo. En los últimos años la inversión en bienes de equipo ha mejorado y ha pasado del 22% al 23% del PIB. Se trata de mejorar fiscalmente la posición de quienes quieren seguir invirtiendo.

'Abaratar el despido no es una prioridad'

El Partido Popular se ha comprometido en su programa electoral a crear dos millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años, con la mirada puesta en el pleno empleo al final de la década. En sus planes está el ofrecimiento de un acuerdo nacional por el pleno empleo que incluye un diálogo social 'amplio y abierto' encaminado a favorecer la contratación estable y a reducir la temporalidad.¿Qué otras reformas considera prioritarias en el mercado laboral?Vamos a seguir incentivando la contratación femenina en términos de igualdad para favorecer el pleno empleo. En buena parte de las comunidades autónomas tenemos ya pleno empleo masculino.El abaratamiento del despido ha dejado de ser una prioridad para los empresarios. ¿También para el PP?Sí, porque es una medida paliativa, no estructural. Abaratar el despido no genera modificaciones de la estructura del mercado de trabajo, sólo genera una posición más desahogada de las empresas. Ni muchísimo menos esta es una prioridad para nosotros.Si la reforma laboral no obtuviera el acuerdo de sindicatos y empresarios, ¿qué margen se reservaría el Gobierno?No hay ningún dato para intuir que las relaciones entre el Gobierno del Partido Popular y los sindicatos vayan a variar. Seguimos apostando, pues, por el diálogo social.La reforma de la Administración es otra de las asignaturas pendientes para el próximo Gabinete.La Administración pública suponía un lastre para la economía hasta el año 1996 y hoy, realmente, es un elemento de equilibrio y estabilidad que aporta beneficios y no cargas. De cualquier modo, hace falta mejorar la eficiencia y ahí vamos a hacer un esfuerzo adicional que requiere el acuerdo de todas las instancias implicadas. No se trata de multiplicar el problema por 17, sino de unificar la forma en la que la Administración pública pase a ser objetivamente un elemento de estabilidad y progreso.

FinanciacióN autonómica

Cataluña 'El Gobierno catalán quiere abrir el melón de la financiación porque propone pagar por renta y recibir por población. Ganaría cuatro décimas, del 16,2% del total al 16,6%, pero desarbolaría un modelo pactado, estable e indefinido'. Ayuntamientos 'También necesitan su reforma, pero recuerdo al Gobierno catalán que Hospitalet, Badalona y Sabadell, gobernadas por el PSC, son las ciudades de España con los impuestos más altos'.Sanidad 'El impacto que está teniendo la inmigración es un reto que alcanza a toda España. Las comunidades tienen que realizar sus reformas internas porque el actual modelo de financiación de la sanidad recoge cómo hay que hacerlo'.Cooperación 'En la próxima legislatura crearemos dentro del Senado una Conferencia General de Cooperación Autonómica, que tendrá como objetivo garantizar la cohesión, la igualdad y la solidaridad en los distintos territorios'.Corresponsabilidad 'Las comunidades son responsables de sus decisiones. Asturias, por ejemplo, va a ser la comunidad en donde se terminen pagando los impuestos más altos de España. Ha sido la región que menos ha crecido'. Consejo Fiscal 'Las principales decisiones que afectan a las comunidades autónomas se deben tomar por consenso y en ello el Consejo de Política Fiscal debe seguir teniendo un papel de primer orden'.

Vivienda: 'No hay razón para el desplome de precios'

El responsable del programa económico del PP no encuentra razones objetivas para que se produzca una caída brusca en los precios de la vivienda. 'No hay razones ni para el desplome ni para el aumento sustancial de los precios', mantiene. Rafael Cámara se niega en rotundo a dar un suspenso al Ejecutivo en política de vivienda. 'Todo lo contrario', mantiene. 'Es evidente que quedan cuestiones por resolver, pero sólo se puede suspender a aquellos Gobiernos de los que heredamos una situación peor. Siete de cada diez familias han pagado hoy su casa. La pregunta que hay que hacer es cuántas de ellas la tenían pagada en 1996. La mejora de las posibilidades para adquirir una vivienda es ahora notable, primero porque ha crecido la renta disponible, segundo porque han bajado los costes financieros y tercero por el entorno de certidumbre económica. Además, hay 4.300.000 empleados más que pueden hacer nuevos proyectos', recuerda.En su opinión, las comunidades autónomas tienen una importante responsabilidad en esta parcela. 'El Tribunal Constitucional ha dicho bien claro que éstas últimas son las que tienen responsabilidad en materia de suelo. De hecho, la Ley del Suelo del Gobierno socialista fue anulada por el alto tribunal, pero eso no quiere decir que el Ejecutivo rehuya su parte de responsabilidad. También incumbe una parte de ella a los ayuntamientos'. Si continúa fuerte la demanda de compra de viviendas, asegura Rafael Cámara, estos últimos 'tendrán que hacer un ejercicio de responsabilidad, porque, además, puede favorecer su mayor suficiencia financiera'. En este contexto 'se dan todos los elementos para un pacto de Estado', añade.