¿Chamartín renegociado?
Se impone el reconocimiento de la realidad. El periodismo empieza siempre por ser periodismo de proximidad, excitada por lo improbable. La improbabilidad es un coeficiente multiplicador de la noticiabilidad de un hecho, como quedó demostrado en la Ley de la gravitación informativa reproducida en esta columna hace unos años. Además, esta ciudad nuestra, Madrid, ha padecido de siempre una grave enajenación informativa. Aquí, donde toda incomodidad tiene su asiento, en este rompeolas del Estado -como aún dicen los que arrastran inercias lingüísticas franquistas- o mejor de todas las Españas -en expresión inatacable por los ácidos y al mismo tiempo anticipadora de las autonomías engranadas en la Constitución-, cunde el desafecto.
Hace años un buen amigo periodista demostró en un estudio comparativo cómo la atención informativa dedicada a la ciudad de Barcelona en las páginas de los diarios barceloneses era en promedio tres veces mayor que la prestada a la ciudad de Madrid por los periódicos madrileños. Es decir, Barcelona está defendida por el amor de los barceloneses mientras que la ciudad de Madrid queda expuesta a todos los desastres porque sus vecinos son gentes de aluvión sin compromiso alguno con el lugar de residencia. Son gentes de paso cuyas referencias vitales se encuentran a distancia en sus lugares de procedencia.
Pero hay excepciones relevantes. Por ejemplo la del periodista y académico Luis María Anson, que tanto en sus años al frente de la dirección del diario Abc como después en La Razón ha desplegado la máxima atención a los asuntos de la ciudad de Madrid. Así quedó patente el 2 de febrero cuando en ese último periódico publicó un extenso reportaje titulado Aguirre renegociará la operación Chamartín, dando cuenta de que el macroproyecto está de nuevo paralizado y de que las perspectivas para su puesta en marcha para nada eran halagüeñas. Primero debe anotarse la aversión de Esperanza a toda clase de operaciones, ya sea la denominada 'Chamartín' como, por ejemplo, la de 'Campamento', alentada por el Ministerio de Defensa. Su credo liberal las desaconseja.
Se impone reconocer que nos encontramos ante la mayor operación especulativa amparada desde el poder
El caso es que a Esperanza no le salen las cuentas de 'Chamartín' y que para ella la comunidad en absoluto debe asumir en solitario la construcción de la nueva línea de Metro, que daría servicio a semejante desarrollo 'cuyo coste supera de largo los beneficios que entrarían en las arcas regionales por la venta de parte de los terrenos'. Tampoco Esperanza está por la labor de que el 75% de las viviendas que la CAM tiene derecho a construir en ese proyecto sean de protección pública, mientras impulsa a los propietarios privados de los terrenos (Duch, SA es la que pretende serlo).
La afirmación de Esperanza Aguirre deja traslucir una nueva batalla con Alberto Ruiz-Gallardón, una vez que éste ha cambiado de sillón desde la comunidad al ayuntamiento. Además supone el reconocimiento de que la actuación, proyectada sólo sobre unos suelos públicos demasiado bien ubicados, desaconseja residenciar allí a familias humildes que harían disminuir el precio de los terrenos y de las viviendas proyectadas. En definitiva, que se impone reconocer que nos encontramos ante la mayor operación especulativa amparada desde el poder político.
Mientras tanto, en los aledaños de la mercantil adjudicataria de los terrenos de Renfe, que suman dos millones de metros cuadrados, es decir, en Duch (Desarrollo Urbanístico de Chamartín, SA), participada por el BBVA y por Constructora San José, SA, cunde la impresión de que este macronegocio o avanza rápidamente o se puede venir abajo por las incertidumbres sobrevenidas, entre las cuales pueden enumerarse las siguientes:
Las declaraciones del 24 de febrero de José Luis Rodríguez Zapatero en Burgos a tenor de las cuales la totalidad de los terrenos públicos adscritos a Renfe serían destinados a viviendas de protección pública.
Los relevos que se producirán tras los comicios del 14 de marzo al frente del Ministerio de Economía, del Ministerio de Fomento, de Renfe y del GIF, señores Rato, Cascos, Corsini y Escribano.
Los nuevos criterios bajo los cuales se gestionará el patrimonio de Renfe bajo la aplicación a partir del mes de junio de la Ley de Ordenación del Sector Ferroviario y el consiguiente desglose entre Renfe-Operadora y Adif.
El curso que seguirán las reclamaciones entabladas ante los tribunales por los propietarios de los derechos de los 2.000 titulares expropiados en su día.
Más de un billón y medio de las antiguas pesetas están en juego, en la renegociación que se anuncia. Atentos.