Bruselas abre el debate para legislar las remuneraciones de los consejeros
Los consejeros de las empresas deben tener una remuneración 'adecuada'. Y los accionistas tienen el derecho a que exista un marco regulatorio que les dé más poder e 'incite a las sociedades a corregir las políticas salariales de los directivos, sin influir sobre las decisiones comerciales que fijan el nivel individual de esas remuneraciones'.
Así lo explicó ayer el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, a través de un comunicado en el que anuncia la intención de la Comisión Europea de abrir un debate entre 'todos los interesados, empresas, accionistas individuales e institucionales y reguladores'. Bruselas desea recibir las apreciaciones de los interesados. Deben hacerlo antes del 12 de abril, que es la fecha límite para enviar los comentarios a makt-complaw@cec.eu.int.
La intención de la CE es elaborar una recomendación que incluya aspectos como la política retributiva, el montante de las retribuciones o la aprobación de las opciones sobre acciones para consejeros por parte de los accionistas.
Otro de los aspectos sobre los que la CE pretende recibir los comentarios de los afectados es sobre la necesidad o no de regular los sueldos de estos profesionales, ya que es un tema que en muchos Estados miembros se deja a la autorregulación de las empresas.
La CE pregunta además en su documento de consulta si la recomendación sobre el sueldo de los consejeros debería afectar sólo a las compañías cotizadas o también a las que no lo son.
También es un tema de especial relevancia la definición de consejero 'dado el amplio rango de estructuras de consejos utilizadas en los distintos Estados miembros'.
El documento de consulta de la CE propone que la información sobre la remuneración individual de los consejeros englobe al menos el salario y otros elementos fijos como las opciones sobre acciones y los planes de jubilación.
La CE se plantea asimismo si tanto estas fórmulas de remuneración como las posibles modificaciones que se introduzcan en ellas deben ser aprobadas por los accionistas en la junta general. La consulta forma parte del plan de acción para modernizar el derecho de sociedades y reforzar el gobierno de la empresa en la Unión Europea adoptado en mayo de 2003.