El Gobierno destinó más del 1% del PIB a Investigación y Desarrollo por vez primera en 2002
El Consejo de Ministros ha aprobado la memoria de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación del año 2002 y ha valorado el "récord histórico" que supuso superar por primera vez el 1% del PIB. La Memoria de Actividades recoge los trabajos desarrollados a través de los programas y acciones incluidas en el Plan Nacional de I+D+I (2000-2003), así como las actividades llevadas a cabo por los centros públicos de investigación.
Según el Ejecutivo, en el ejercicio 2002, y por tercer año consecutivo, en España se ha alcanzado un récord histórico en el gasto total de I+D, y ha observado que se trata de "el mayor esfuerzo" dedicado por España a la generación de conocimientos y al desarrollo de nuevas aplicaciones.
El gasto en actividades para la innovación tecnológica ascendió en 2002 a más de 11.000 millones de euros, con un crecimiento medio anual en el periodo 2000-2002 del 4,4%, según el Gobierno. La dotación inicial para Investigación científica en los Presupuestos Generales del Estado de 2002 fue de 3.792 millones, un 7,7% más que la asignación del año anterior. Los datos facilitados revelan que, en 2002, se aprobaron 17.549 acciones convocadas dentro del marco de actuación del Plan Nacional de I+D+I, y que se otorgaron subvenciones por valor de 552,6 millones.
Distintivo para aumentar la confianza de los proveedores de Internet
También se ha aprobado la creación de un distintivo público que fomente la confianza de los usuarios en los prestadores de servicios de Internet (ISPs). Para obtenerlo, estas compañías deberán adherirse a códigos de conducta que regulen la relación con los clientes en materia como las comunicaciones comerciales, los contratos y los procesos de resolución de reclamaciones. El Real Decreto aprobado por el Gobierno prevé expresamente la utilización del Sistema Arbitral del Consumo y los incluidos en la lista de la Comisión Europea sobre procedimientos alternativos de resolución de conflictos con consumidores. Los códigos de conducta exigirán el respeto a la legalidad vigente y deberán incluir garantías "concretas", con "compromisos específicos" y detallados "con precisión", que "mejoren o incrementen" las ya reconocidas en la Legislación nacional a consumidores y usuarios.La iniciativa del Gobierno prevé que las asociaciones de usuarios y las empresas afectadas puedan identificar los principales problemas que tienen con los ISPs, así como las Administraciones públicas a partir de las reclamaciones recibidas. Para obtener el Distintivo Público de Confianza en Línea, el prestador de servicios tendrá que adherirse a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos. Tanto su concesión como su retirada o supervisión del mantenimiento de los requisitos serán competencia del Instituto Nacional del Consumo (INC).Al efecto, su sitio web (www.consumo-inc.es) incluirá toda la información sobre los códigos de conducta a los que se concede el distintivo de confianza.