Las empresas no tendrán que pedir autorización a Bruselas
Las empresas no estarán obligadas a pedir autorización a la Comisión Europea cuando pretendan llegar a un acuerdo que, en principio, está prohibido por las normas antimonopolio. Cuando las compañías crean que su caso se atiene a las excepciones previstas por la ley, podrán seguir adelante con el acuerdo sin autorización previa de Bruselas.
Mantener en una Unión Europea de 25 países el mismo sistema de competencia que ha regido en Europa hasta ahora sepultaría a la Comisión en la burocracia y las autorizaciones sobre acuerdos de fusiones se paralizarían durante años.
æpermil;sa es la razón de que, con el nuevo reglamento sobre competencia, se elimine la obligación de notificar a la Comisión Europea los acuerdos que gozan de excepción legal. Las empresas, a partir del 1 de mayo, deberán autorregularse y determinar por ellas mismas si su caso atenta contra la competencia.
'Con el nuevo sistema se suprime burocracia y se gana en celeridad', explica Juan Manuel Fernández López, ex vicepresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y jefe de relaciones institucionales del Consejo General del Poder Judicial.
Según este experto, las empresas tendrán a partir de ahora que establecer su propia evaluación previa, que habrá de fundarse en la jurisprudencia de la Comisión. No obstante, ésta seguirá estando dispuesta a debatir y a opinar sobre casos específicos cuando no haya precedentes.
Así, se acaba con un problema que amenazaba al mercado: las partes implicadas en un expediente sancionador en un Estado miembro solicitaban una autorización de excepción a la Comisión buscando paralizar durante años el procedimiento nacional, ya que hasta que Bruselas no se pronunciase sobre ese acuerdo las autoridades nacionales no podían actuar.
La eliminación de la notificación traerá consigo que las empresas tengan que aumentar sus departamentos jurídicos; además, al tenerse que autorregular, deberán contar con expertos en competencia que sepan capaces de evaluar cada acuerdo que lleve a cabo la compañía por si contraviene las normas comunitarias.
La ampliación de la Unión Europea con 10 nuevos miembros he tenido mucho que ver en el cambio radical del sistema. En abril de 1999 se redactó un Libro Blanco donde se exponían los cambios que se habían producido con respecto a la aplicación de la defensa de la competencia en cada uno de los Estados miembros y en la Unión Europea en su conjunto.
También se diseñaba un plan estratégico para afrontar los retos que plantea un mercado común cada vez más interrelacionado y en el que tienen poco sentido normas nacionales independientes sobre competencia.
El resultado es el nuevo Reglamento 1/2003, que pretende crear una red de 25 países totalmente coordinada.