La oferta de empleo público para este año suma 21.779 plazas
El Consejo de Ministros aprobó ayer la oferta de empleo público para 2004, que contará con un total de 21.779 plazas. De ellas, 6.050 plazas corresponden a la Administración General del Estado, incluyendo entidades y empresas públicas, y 8.394 a las Fuerzas Armadas y a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
A todas estas plazas hay que sumar las 7.335 plazas aprobadas el pasado 23 de enero para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta oferta 'mantiene la política de contención en el gasto público y de austeridad'.
En este sentido, el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), que dirige Julia García Valdecasas, pretende aumentar la eficacia en las áreas consideradas 'prioritarias', como son la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, las unidades de atención directa al ciudadano, la lucha contra el fraude y el control del gasto, instituciones penitenciarias y el servicio público de empleo estatal, entre otros.
En el área de la Administración del Estado, los aspectos prioritarios de la oferta de empleo público para 2004 se centran en la atención a los servicios periféricos, la reducción de la temporalidad y en el impulso de la promoción interna.
Se autoriza la convocatoria de 4.639 plazas para la Administración General del Estado y 1.411 para entidades públicas empresariales. En este apartado, se incluyen, además, un total de 1.251 plazas para la Administración de Justicia, 325 para la Administración local, 150 para el servicio exterior y 110 plazas para cuerpos docentes.
Por primera vez se crea la posibilidad de realizar convocatorias con reserva total de plazas para personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
Los sindicatos consideran roto el acuerdo
Las federaciones de la función pública de CC OO y UGT rechazaron ayer frontalmente la oferta de empleo público aprobada ayer por el Gobierno y consideraron que contravienen los acuerdos sindicales vigentes en esta materia. Según denuncian la estrategia del Ejecutivo no consensuada introduce criterios de reasignación de personal en función de parámetros 'ocultos' a la representación sindical, entre otras cosas. Por ello, exigen que se retomen las negociaciones para alcanzar otro acuerdo.