Decisión

La nueva Ley de Transparencia deja a elección de las empresas el voto §online§ en las juntas

El voto electrónico de los accionistas en las juntas de las empresas, contemplado en la nueva Ley de Transparencia, será optativo para las compañías y ya no tendrá un carácter obligatorio, según han informado fuentes del Ministerio de Economía. No tiene una fecha de entrada en vigor, sino que dependerá de que las distintas empresas que deseen ofrecer este servicio aprueben una modificación de sus estatutos y desarrollen las aplicaciones informáticas precisas para su aplicación. Entre las ventajas, se encuentra la posibilidad de delegar la representación del accionista a un tercero por medios electrónicos.

El Ministerio de Economía ha señalado que se trata de una decisión "soberana" de la junta general de accionistas de las empresas, y ha puntualizado que la CNMV no podrá obligar a las empresas cotizadas a introducir el voto electrónico, sino que sólo podrá limitarse a establecer requisitos para garantizar su adecuado funcionamiento en aquellas empresas que lo incluyan. Asimismo, se ha mostrado convencido de que, a pesar de que no exista una obligación expresa, esta modalidad de voto se extenderá de forma progresiva.

Rodrigo Rato, vicepresidente primero y ministro de Economía, durante la presentación de una plataforma electrónica a través de la cual se podrá, precisamente, llevar a cabo el voto electrónico en las Juntas de Accionistas, ha aclarado que la prestación el servicio puede hacerse por cualquier plataforma informática homologada. Rato ha insistido en que se trata de un paso "muy importante" en el desarrollo de la Ley de Transparencia, porque facilita a los pequeños accionistas la posibilidad de participar en la toma de decisiones de sus empresas.

Acuerdo europeo sobre licitaciones

El Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una serie de medidas legislativas para simplificar y actualizar las directivas sobre licitaciones públicas para adaptarlas a las necesidades administrativas modernas.

En un comunicado, la Comisión Europea ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, logrado durante el proceso de conciliación entre el Consejo y la Eurocámara, sobre las propuestas lanzadas por Bruselas en mayo de 2000.

Las directivas imponen la convocatoria de licitaciones públicas a escala europea para los mercados públicos cuando sobrepasen cierto valor, y contienen cláusulas relativas a la transparencia y la igualdad de trato. Las modificaciones permitirán reducir las cargas administrativas y se aplicarán criterios sociales y medioambientales durante la atribución de los contratos, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.