La CE tiene dificultades para probar los abusos tarifarios de las empresas de móvil
El comisario de Competencia, Mario Monti, se resiste a arrojar la toalla en su batalla contra las desproporcionadas tarifas que las operadoras de móvil aplican a los clientes de otras compañías. Pero tras varios años de investigación, la Comisión Europea parece incapaz de presentar pruebas contra sobre la ilegalidad de esas tarifas.
La Comisión insiste en que la investigación continúa en marcha y que siempre se ha centrado en las sospechas de abuso de posición dominante de ciertos operadores. Pero tres años después de las primeras pesquisas, nadie parece capaz de precisar cuándo podrá alcanzarse una conclusión que condene o exculpe a las operadoras.
El recién creado Grupo de Reguladores Nacionales (que integra a las autoridades de los 15 países de la UE en el sector de las telecomunicaciones) incluso se dispone ya a intervenir para buscar un marco que garantice la transparencia de las tarifas y su relación directa con los costes.
La clave se encuentra en las tarifas aplicadas a los usuarios que, en su desplazamiento a otro país, se ven impelidos a utilizar la red de una operadora distinta a la suya (un hecho conocido como itinerancia). La falta de transparencia en las tarifas supone que el cliente descubra el coste de las llamadas realizadas y recibidas en el extranjero cuando le llega su factura mensual. La sorpresa, no pocas veces, suele ser terriblemente desagradable.
La investigación comunitaria arrancó en enero del año 2000 cuando la CE señaló que algunas de esas tarifas que soportan los usuarios de teléfono móvil podían esconder prácticas ilegales de los operadores. En julio de 2001, los funcionarios de Mario Monti llegaron incluso a irrumpir en las instalaciones de cinco operadoras de móvil en el Reino Unido (Vodafone, Orange, Virgin, BTCellnet y One2One) y en cuatro de Alemania (T-Mobil, Mannesmann Mobilfunk, E-Plus y Viag Interkom).
'La Comisión puede dejar finalmente el asunto en manos del Grupo de Reguladores', declaró ayer el abogado Peter Alexiadis, del despacho Gibson Dunn & Crutcher's, a la agencia Bloomberg. A su juicio, la evolución comercial y tecnológica de los servicios de telefonía móvil 'amenazan con minar las conclusiones de la Comisión sobre la competencia en este mercado'.