Solbes busca apoyos para denunciar al Ecofin
El comisario de Economía, Pedro Solbes, presentó ayer al resto de los comisarios europeos el informe del departamento jurídico de la Comisión sobre la suspensión del procedimiento disciplinario abierto contra Francia y Alemania por superar el máximo de déficit público permitido. A juicio del español, el documento confirma la impresión de la Comisión de que esa congelación del Pacto de Estabilidad decidida por los ministros de Economía el pasado 25 de noviembre 'no respetaba el espíritu ni la letra del tratado de la UE'.
El organismo comunitario indicó entonces que se reservaba la posibilidad de impugnar dicho acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE, denuncia que condicionaba al dictamen de sus servicios jurídicos. Ayer llegó ese aval, pero la Comisión se concedió un nuevo plazo, esta vez de una semana, según su presidente, Romano Prodi, para evaluar la conveniencia de elevar el conflicto institucional hasta el ámbito judicial.
Solbes se mostró partidario de presentar el recurso porque 'una sentencia del Tribunal de Justicia podría ser útil para clarificar el marco que regirá la vigilancia presupuestaria en el futuro'. Fuentes del departamento de Solbes se muestran confiadas en que la próxima semana se dispondrá del consenso necesario para recurrir ante los jueces.
Pero el propio Prodi ha advertido que la decisión final será política, no jurídica. Y los equipos de otros comisarios, siempre bajo la condición de un estricto anonimato, dudan sobre las posibilidades de éxito del recurso o de la utilidad práctica de una victoria judicial.
A cambio del rigor, Solbes ofreció ayer flexibilizar el pacto un poco más a partir de ahora. 'Necesitamos combinar mejor disciplina y crecimiento', reconoció. La obligación actual de corregir el déficit excesivo inexcusablemente al año siguiente del derrape fiscal parece llamada a desaparecer. Fue el origen del conflicto con París y Berlín.
Solbes insiste, además, en la necesidad de refinar el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas de cada país, una vieja propuesta de noviembre del año 2000 que no logró el respaldo necesario de los ministros de Economía. La mayoría de los Estados, entre ellos España, temen la subjetividad de esa evaluación y el poder discrecional que obtendría la Comisión para cuestionar los planes presupuestarios nacionales.
La batalla judicial que desea Solbes, sin embargo, se centrará, si llega a producirse, en el procedimiento jurídico que siguieron los ministros para congelar el pacto. La Comisión no quiere que la artimaña legal utilizada por los ministros de Economía se convierta en modelo recurrente para esquivar sus iniciativas y propuestas.
Stoiber quiere pactar la reforma fiscal
El primer ministro bávaro y líder de la Unión Socialcristiana (CSU), Edmund Stoiber, ofreció ayer al Gobierno roji-verde cooperar constructivamente en el diseño de una gran reforma fiscal que simplifique 'radicalmente' el sistema actual. El líder de la CSU ala bávara del mayor partido de oposición, la Unión Cristianodemócrata (CDU) condicionó, sin embargo, su apoyo a que el canciller Gerhard Schröder presente primero un plan propio. 'Tal y como se lo imagina el canciller, es decir, que la oposición presente un concepto terminado y el Gobierno opine al respecto, vendría a suponer una abdicación del Ejecutivo', dijo Stoiber en la localidad bávara de Widbad Kreuth.El Gobierno, que acaba de conseguir el apoyo de la oposición para introducir algunas rebajas fiscales, no ha mostrado hasta ahora prisa por presentar una nueva reforma, aunque el canciller se manifestó dispuesto a negociar.Schröder criticó que las propuestas de la CDU/CSU se limitan a ofrecer todo tipo de rebajas sin hablar de los recortes necesarios para financiarlas.