El PSOE dará a empresas privadas la gestión de pisos públicos en alquiler
Gobierno y oposición coinciden en que una de las soluciones al problema del acceso a la vivienda pasa necesariamente por incentivar la oferta de alquileres, ya sea en inmuebles de nueva construcción o en pisos ya edificados.
Para lograr ese objetivo, el PSOE promoverá la creación de una agencia pública de alquiler, que será la encargada de establecer acuerdos entre propietarios dispuestos a poner su vivienda en alquiler a un precio moderado y los inquilinos interesados.
Según explicó ayer la responsable de urbanismo y medio ambiente del PSOE, Cristina Narbona, la nueva política de vivienda socialista incluirá por primera vez las ayudas directas a los inquilinos, en función de sus ingresos, tal y como ya existe en el Plan de Vivienda con las casas en propiedad.
Además de las ayudas al inquilino, otra de las novedades es que la agencia ofrecerá a los futuros arrendadores seguros a muy bajo coste y toda clase de garantías para que en caso de impago de la renta por parte del arrendatario se active un mecanismo similar a un aval, por el que el propietario no deje de cobrar en ningún momento la cuota del alquiler, 'ya que éste es el principal temor que tienen todos los propietarios a la hora de plantearse si ponen su casa en el mercado o no', añadió Narbona.
Con esta medida se pretende pasar de un parque de viviendas en alquiler que en la actualidad apenas supone el 10% del total a un 20% en la próxima legislatura. Pero además, el PSOE también planea incrementar la construcción de nuevas viviendas para arrendar, cuya gestión será traspasada a la iniciativa privada, como a los fondos de inversión inmobiliario y en general a todas las empresas interesadas en el proyecto.
Otra de las novedades será implicar a notarios y registradores en la reforma de la vivienda de protección oficial (VPO), con el objetivo de evitar el fraude detectado en su primera y sucesivas transmisiones. Por último, prevé aumentar la dotación actual de 600 millones de euros al año para vivienda hasta los 1.800 millones anuales.