Norma

Bono obliga a las cajas a reducir el número de consejeros

El Ejecutivo de Castilla- La Mancha que preside el socialista José Bono ha impulsado una ley que reforma la norma de cajas autonómica de 1997. El principal objetivo es adaptarse a la Ley Financiera, algo que hace con retraso, como otras comunidades autónomas, caso de Galicia o Navarra.

Pero, además, la ley aprobada hace dos semanas en el Parlamento introduce otros cambios con los que provocará un vuelco en el equilibrio de fuerzas del consejo de Caja de Guadalajara, que pasará de mayoría del PP al control del PSOE, según los populares. La propia entidad teme este cambio, según fuentes de la caja que preside Jesús Ortega, ex presidente de la Diputación de Guadalajara por el PP.

El eventual cambio de fuerzas pondría en entredicho la despolitización pretendida por la Ley Financiera, que impuso reducir al 50% el peso político en los órganos de gobierno de las cajas.

La reforma de la Ley de Cajas manchega cambia los criterios para elegir las asambleas generales (órgano que luego elige al consejo) y fija el número de miembros que debe tener el consejo según el volumen de recursos propios computables de cada entidad. Hasta un tope de 240 millones, los miembros del consejo deben ser siete y fija tramos sucesivos. La más afectada será Caja de Guadalajara -con algo más de 40 millones en capital y reservas, según los datos de la CECA- que tendrá que reducir su consejo a la mitad, ya que ahora cuenta con 15 consejeros.

Ahora, el reparto de fuerzas en el consejo es de 8 por PP (5 en representación de este partido por ayuntamientos, la Diputación provincial y las Cortes más los 3 representantes de impositores que ahora apoyarían a este bloque, según el PP), 6 del PSOE y un representante del sindicato Csica.

Al pasar a 7 representantes, quedarían 4 por el PSOE (por ayuntamientos, Cortes y Diputación, que es la entidad fundadora, además de otro por grupos de interés social, económico o cultural que serán elegidos por el Parlamento) frente a 3 de impositores (clientes), que apoyarían a los populares, y Csica según fuentes de la caja y del PP.

El senador popular y ex presidente de Caja de Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Seco, critica que es una 'ley vejatoria para la caja', 'intervencionista' y que 'no ha guardado la proporcionalidad de los grupos representados, porque, en ese caso, no cambiaría radicalmente la actual proporción de fuerzas'. Y acusa al Ejecutivo manchego de haber intentado varias veces hacerse con el control de Caja de Guadalajara para unirlo al de Caja Castilla-La Mancha.

Este diario no logró conversar con la consejera de Economía de la Junta de Castilla- La Mancha , María Luisa Araújo. Sin embargo, ya ha manifestado a diversos medios locales que la norma viene motivada exclusivamente por la adaptación a la Ley Financiera, según un portavoz de su departamento.

La caja más afectada teme un vuelco de fuerzas en el consejo cuando se adapte a la nueva normativa

Claves: La autorización de la Junta

Cuotas

como en algunas autonomías, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha tendrá que dar el visto bueno a las cajas que decidan emitir cuotas participativas, títulos de renta variable, pero sin derechos políticos para los inversores.

Alianzas

La consejería de economía tendrá que autorizar los acuerdos estables de colaboración y cooperación que las dos cajas manchegas (Caja Castilla-La Mancha y Caja de Guadalajara) quieran firmar con otras cajas.

Créditos

Los préstamos y avales que conceda la caja a consejeros, sus cónyuges o familiares o a empresas en las que participen estos vocales tendrán que ser 'autorizadas expresamente' por el Gobierno autonómico.

Fusiones

La unión de las dos cajas manchegas nunca ha ido más allá del terreno especulativo. De producirse, la Junta de Comunidades deberá dar el visto bueno. Las cajas tienen seis meses para adaptarse a la nueva ley.

Obra social Obligación de invertir en Castilla-La Mancha

Las cajas que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha, aunque no tengan allí su domicilio social, tendrán que invertir en obra social en la región obligatoriamente. Así lo marca la reforma de la Ley de Cajas manchega, que entró en vigor el pasado 23 de diciembre. Fija, además, un porcentaje de inversión que deberá ser 'igual al que representen los recursos ajenos captados en Castila-La Mancha' sobre el volumen total de los que acumula la entidad. Es una de las pocas normas autonómicas que estipula una cuota de inversión.

Y no valdrá cualquier proyecto. La nueva Ley 13/2003 fija que no contabilizarán aquellas inversiones 'que no respondan a las directrices, prioridades o criterios fijados por la consejería competente'.

La intención del Gobierno autonómico es que parte del negocio que las entidades logran en la comunidad revierta en beneficio de los habitantes.

año de cambios 2004 impondrá a las autonomías más modificaciones legales

Si 2003 ha sido el año de avalancha legislativa para las cajas, 2004 será el ejercicio en el que tanto las entidades como los Gobiernos autonómicos tendrán que adaptarse a las diferentes normativas aprobadas.

La más polémica, sin duda, ha sido la reforma de calado en varios aspectos que el PP ha aprobado vía enmiendas a la Ley de Acompañamiento de Presupuestos sin debate parlamentario.

Entre otros cambios, obliga a que estén presentes en las asambleas generales (órgano que elige al consejo) representantes de ayuntamientos e impositores (clientes) de otras comunidades autónomas distintas a la de origen de la caja. Se aprobó para enmendar la Ley de Cajas vasca, aunque afectará significativamente también a La Caixa, la caja más extendida territorialmente.

A todo ello se unirá la batería de normas para aumentar la transparencia.