Financiación autonómica

Los expertos apoyan crear agencias tributarias autonómicas

El programa del Gobierno tripartito catalán empieza a ganar adeptos en la esfera universitaria en su apuesta por la creación de agencias tributarias propias como instrumento para mejorar la gestión de los distintos impuestos y combatir con mayores garantías el fraude fiscal.

Los catedráticos Jesús Ruiz-Huerta y Octavio Granado, adscritos a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y al Instituto Universitario Ortega y Gasset, lo tienen claro. La propuesta de Pasqual Maragall y de Josep Luis Carod Rovira de proponer una agencia tributaria propia para Cataluña se asienta sobre bases razonables, a la vista de la experiencia de cómo la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha gestionado los impuestos en los últimos años y de los deficientes resultados que arroja la lucha contra el fraude fiscal.

'Esta experiencia demuestra que, cuando un tributo ha sido cedido, la Agencia Estatal pierde interés por su gestión y da pie con ello al aumento del fraude', opina Octavio Granado. Ello ha provocado en los últimos años que la inspección se haya centrado sobre el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido y se haya dejado de lado la inspección sobre el impuesto de la renta.

En un trabajo de ambos profesores que será incorporado al informe anual sobre comunidades autónomas del Instituto de Derecho Público de Barcelona, se constata como en el periodo comprendido entre 1997 y 2001, correspondiente al vigente para el modelo de financiación aprobado con el Gobierno de José María Aznar en 1996, los resultados de la lucha contra el fraude fiscal disminuyeron desde los 549 millones de euros recaudados por distintas vías en el primer ejercicio hasta los 416 del último año analizado.

No hay planes de inspección conjuntos, salvo en la comunidad de Galicia

Mejora de la gestión

'No existen planes de inspección conjuntos y hay impuestos, como el de Patrimonio, en donde la inspección apenas existe', insiste Granado. A su juicio, la creación de agencias tributarias en las distintas comunidades aportaría una mejor gestión de los tributos.

El informe recuerda que los balances periódicos realizados por Hacienda sobre la cesión de tributos a las comunidades reflejan año tras año la deficiente colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con los distintos territorios. Esta última carece de acceso a las bases de datos autonómicas y en la mayor parte de las comunidades o bien el consejo territorial no ha constituido grupos de trabajo o bien el único existente aborda los problemas de aplicación del IVA.

Ruiz-Huerta y Granado añaden que los planes de inspección conjuntos proyectados en el acuerdo firmado en 1996 no existen en ninguna comunidad salvo en Galicia, en estado incipiente. Las comunidades no realizan conjuntamente con el Estado tareas de selección de contribuyentes ni comprobaciones simultáneas, ni actuaciones coordinadas, añaden ambos profesores. En algunas comunidades ni siquiera se hacen diligencias de colaboración.

De esta forma, el informe pone de relieve que las cuotas de las declaraciones presentadas por los contribuyentes experimentaron en el quinquenio examinado un continuo retroceso, que cuestiona tanto el modelo de participación de las comunidades en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como la lucha contra el fraude.

El informe constata, por otra parte, la escasa incidencia que tiene aún sobre la recaudación el uso por parte de las distintas comunidades de la capacidad normativa sobre los diferentes tributos. El importe global de los beneficios fiscales aprobados con cargo al tramo autonómico del IRPF cedido fue durante el citado quinquenio de sólo 92 millones de euros, lo que supuso el 1 por mil de los ingresos totales. Se trata de un importe insignificante en comparación con los beneficios fiscales que soportó entre 1997 y 2001 el IRPF a partir de la normativa estatal.

Actuar sobre el IRPF sin limitaciones

Si de verdad se persigue progresar hacia un aumento de la corresponsabilidad fiscal en un sistema como el actual que no reconoce a las comunidades autónomas facultades normativas sobre el impuesto del valor añadido y limita las correspondientes a tres de los impuestos especiales, no es suficiente la ampliación realizada en los antiguos tributos cedidos, sostienen Ruiz-Huerta y Granado.

A su juicio, es imprescindible que las comunidades puedan actuar en el impuesto sobre la renta sin limitaciones, al menos sobre los beneficios que suponen la manifestación fiscal de alguna de sus competencias exclusivas como la vivienda o el tratamiento fiscal a las familias en sus distintas vertientes.

'Es absurdo que existan las mismas deducciones sobre la vivienda en todas las comunidades', sostiene Octavio Granado. 'En algunas habrá que hacer más hincapié en las ayudas a las viviendas de alquiler para jóvenes y en otras, a lo mejor, hay que fomentar la compra, dependiendo de cada situación', añade.

El trabajo que engrosará el informe autonómico anual del Instituto de Derecho Público de Barcelona constata que las sucesivas reformas legales del IRPF, causa directa del diferencial surgido entre la evolución de su recaudación y la del PIB nominal, han supuesto para la Administración el Estado un elevado coste como consecuencia de la aplicación del sistema. 'Se ha intentado ocultar con el aumento de la tarifa autonómica y el fondo de garantía', mantiene Granado.

Otro modelo para financiar la sanidad

La mejora del modelo de financiación de la sanidad es objeto de estudio por parte de los mismos expertos universitarios en otro informe trasladado a la Fundación Alternativas que parte de la base de la necesidad de revisar el sistema ante el cuello de botella que se atisba en caso de apostar por el inmovilismo. En este trabajo se apuesta por perfeccionar el modelo mediante la actualización de variables como la población.

'Entre 1999 y 2003 viven tres millones más de personas en España que el actual sistema de financiación sanitaria no tiene en cuenta. El Ministerio de Sanidad pretende seguir fijando las directrices y que sean las comunidades autónomas las que corran con los gastos. Pero, si no se generan nuevos recursos, habrá un problema serio de financiación de aquí a pocos años', argumenta Granado.

Además de los recargos sobre las gasolinas decididos por comunidades como Madrid y anunciados recientemente por otras como Asturias y Galicia, donde entrará en vigor el 1 de enero, habría que recurrir, según estos expertos, a aumentar el porcentaje de cesión a las comunidades de la recaudación líquida del impuesto sobre la cerveza, sobre el alcohol, las bebidas derivadas y las labores del tabaco, con el fin de aportar mayor financiación a la sanidad.

En el caso del tabaco, se distinguirían dos tramos: uno, el armonizado, de competencia normativa exclusivamente estatal, y otro que reconocería la capacidad normativa a las comunidades para establecer recargos.