Valencia no contabilizó en 2002 facturas por 840 millones
El Gobierno valenciano dejó sin contabilizar 'al menos' 840,5 millones de euros en facturas del ejercicio de 2002 en la liquidación del Presupuesto, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, hecho público ayer en las Cortes valencianas. Este 'incumplimiento significativo del principio de legalidad', como lo califica el síndico, se viene repitiendo todos los años y aumentó un 11,4% respecto a las facturas ocultadas en 2001.
Esta práctica permitió a la Generalitat cerrar el ejercicio con un déficit de sólo 8,19 millones, gracias también a la autorización que obtuvo del Gobierno para endeudarse en 384,06 millones, cuando la deuda neta prevista era cero. Así, el déficit presupuestario del año 2002, excluido el capítulo financiero, en el primer año del nuevo sistema de financiación autonómica fue de 392,2 millones de euros, a lo que habría que sumar el aumento de las facturas no contabilizadas.
El síndico explica en su informe que en 2002 se asumieron obligaciones de gasto de la Consejería de Sanidad de ejercicios anteriores por valor de 303,67 millones, así como 122 millones de nóminas y Seguridad Social del personal sanitario. Por otro lado, el síndico destaca que la Generalitat contabiliza como ingresos determinados derechos pendientes de cobro que, 'por la documentación que los sustenta, podrían crear una cierta incertidumbre en cuanto a su expectativa de cobro'. No obstante, el síndico reconoce que la Generalitat hizo en 2002 un esfuerzo por eliminar de las cuentas públicas algunos derechos que eran claramente incobrables y que se arrastraban durante la última década para no aumentar más el déficit.
Según el síndico, la Generalitat tenía a 31 de diciembre de 2002 unas obligaciones de pago de 12.668 millones de euros, un 12% más que un año antes, de los que el 75% son pagaderos a partir de 2007. La mayor parte corresponde a deuda pública, para la que el Consejo de Ministros autorizó en agosto de 2002 un plan de refinanciación por 3.242,7 millones, con un plazo máximo de amortización de 30 años. En esta deuda no está incluida la de las empresas públicas.
La Sindicatura de Cuentas se refiere especialmente a la empresa Ciegsa, creada para sacar del presupuesto ordinario las inversiones en colegios, y afirma que debería computarse como endeudamiento propio de la Generalitat el coste de los colegios -135 millones en 2002- a efectos de verificar el cumplimiento del objetivo de déficit cero.