Sanidad

La Generalitat Valenciana ocultó pagos a Adeslas

La Generalitat Valenciana no sólo tuvo que acudir al rescate de la UTE concesionaria del hospital público de La Ribera, ante el fracaso del experimento conocido como modelo Alzira, sino que premió a la empresa con 25,4 millones de euros. Una indemnización que no estaba prevista en el contrato ni en la ley, ni estaba presupuestada ni se hizo pública.

El modelo Alzira, de gestión privada de un hospital público, fue una iniciativa del Gobierno de Eduardo Zaplana, que defendía que los hospitales podían construirse como otras obras públicas, por medio de concesionarias que recibirían un canon fijo anual suficiente para amortizar la inversión y obtener beneficios. Así se hizo y la UTE formada por Adeslas (51%), Bancaja y la CAM (45%), ACS-Dragados (2%) y Lubasa (2%) se presentó en solitario al concurso y construyó el hospital, que fue inaugurado el 1 de enero de 1999. El hecho de que la inversión prevista de 41,45 millones se disparase hasta los 72 millones era un problema, en principio, de la concesionaria. La UTE anunció que en 2001 obtendría beneficios, pero a finales de 2002 se comprobó que las pérdidas eran crecientes, a pesar de que el hospital realizaba cada vez más intervenciones -especialmente partos- a pacientes de otras áreas sanitarias y de otras comunidades autónomas, lo que elevaba sus ingresos, ya que la Generalitat paga estas intervenciones a desplazados aparte del canon fijo anual.

El contrato impedía elevar el canon fijo más allá del IPC y, en estas condiciones, la rentabilidad del negocio a 10 años era más que dudosa. Ante esto, la Generalitat decidió rescatar la concesión con la excusa de que el modelo no era eficaz si no se sumaba la atención primaria a la gestión privada. Así pues, rescató la concesión 'de mutuo acuerdo' -única posibilidad que permite la Ley de Contratos de la Administración- para volver a sacarla a concurso junto a la atención primaria.

Adeslas dice que la indemnización es pública porque está en su memoria

Era diciembre de 2002 y el entonces consejero de Sanidad, Serafín Castellano, que se negó a comparecer en las Cortes para dar más explicaciones, anunció en rueda de prensa que la Generalitat pagaría a la UTE 43,99 millones por los activos que quedaban por amortizar. Así figuraba en el contrato original, al que la Generalitat estaba obligada a ajustarse, según la ley, y así se incluyó en los Presupuestos para 2003.

Sin embargo, la UTE recibió 'una indemnización para cubrir el lucro cesante' de los seis años de explotación que restaban de 25,4 millones, según consta en la memoria del grupo Adeslas. Esta indemnización no figura en los presupuestos de la Generalitat ni se ha anunciado ni publicado como tal en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La Ley de Contratos sólo prevé indemnización por lucro cesante cuando se suprime el servicio o cuando la Administración lo rescata para gestionarlo directamente -aquí se rescata para volver a licitarlo- y especifica que se calculará 'atendiendo a los resultados de explotación del último quinquenio'. Además, la memoria de Adeslas dice que por los activos se recibieron 42,3 millones de euros, y no 43,99 millones.

Fuentes del grupo Adeslas declinaron ayer explicar a qué responde la indemnización y afirmaron que 'es pública', como demuestra el hecho de que la compañía la ha hecho constar en su memoria de 2002. Para más explicaciones, remitieron a la Consejería de Sanidad de la Generalitat, que no ha dado ninguna respuesta.

La explotación del hospital volvió a salir a concurso, junto con la atención primaria, con la condición de que el nuevo adjudicatario pagaría 72 millones a la Generalitat, propietaria ahora del centro. Ninguna empresa disputó el contrato a la UTE, que tenía la ventaja de haber percibido previamente 67,7 millones de la Generalitat. El nuevo contrato es mucho más rentable para la UTE, ya que eleva el canon per cápita de 225 a 379 euros; actualiza el canon según el aumento del presupuesto de Sanidad, siempre mayor que el IPC; alarga el periodo de concesión a 15 años, prorrogables otros cinco, y prevé para la empresa un pago del 30% de lo que ahorre en gasto farmacéutico.

El modelo Alzira. De la idílica teoría a la dura realidad

La idea consistía en que una empresa privada del sector sanitario construía a su cargo un hospital y lo explotaba durante diez años, sometida a la disciplina de un hospital público en cuanto a admisiones. Percibía por la gestión un canon fijo anual (en 2002, 225 euros por habitante de la comarca de La Ribera, lo que hace un total de 52,2 millones de euros).

Las ventajas eran que la Administración sabía cuál iba a ser su gasto hospitalario en la comarca, ya que el riesgo era para la concesionaria y que al cabo de diez años el hospital sería de propiedad pública.

En la práctica, la inversión de la concesionaria fue de 72 millones, frente a los 41,45 anunciados al adjudicarse el concurso. El coste de la amortización -diez años- y la baja rentabilidad del negocio hicieron perder a la UTE 5,24 millones en cuatro años.

Al final, la Generalitat asumió todo el riesgo al rescatar la concesión y pagar 43,99 millones por el 60% que quedaba por amortizar, más 25,4 millones como indemnización 'por lucro cesante'. Después volvió a sacarla a concurso en condiciones mucho más ventajosas para la UTE.