Todo igual en TVE
El Gobierno ha hecho una declaración anunciando que asumirá la deuda de RTVE en 2004, si el ente público ha eliminado su déficit. A estos efectos se acelerará el plan de viabilidad 2002-2003 elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que comporta una fuerte reducción del empleo, estimada en 3.000 personas. En la declaración del Gobierno ha tenido mucha influencia la comunicación del comisario de la Competencia de la CE al Ejecutivo español, en el sentido de que el aval sin limitación del Estado a las deudas de RTVE constituye ayuda pública que no ha sido autorizada por Bruselas.
La asunción de la deuda de RTVE por el Estado supondrá que los contribuyentes españoles tengamos que aportar 7.000 millones de euros vía impuestos para financiar los despilfarros de los Gobiernos españoles, que irán destinados a amortizar la citada deuda. Los efectos macroeconómicos de tal decisión de asunción de deuda por el Gobierno serán un aumento de la deuda pública por los citados 7.000 millones, que supondrá que el porcentaje de la deuda pública del Estado se elevará en un punto de PIB pasando del 52% al 53%. La ineficiencia continúa y millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza.
¿Qué podemos hacer para que esta carga fiscal que tendríamos que soportar los ciudadanos por la asunción de la deuda nos la ahorremos o al menos la disminuyamos sensiblemente, y además nos asegure que en el futuro este hecho no pueda repetirse? Habría que desagregar de la actual Televisión Española, SA, los activos y el personal necesario, que serían traspasados a una nueva entidad que se constituiría, la Sociedad Estatal Servicio Público de Televisión, que en el futuro tendría a su cargo exclusivamente la gestión de los programas de servicio público, que serían financiados por el Presupuesto.
Con la privatización de Televisión Española estaríamos seguros de que se pone fin al despilfarro
La actual Televisión Española, que en lo sucesivo sólo tendría a su cargo la televisión comercial, sería privatizada. Nada de extraño debería tener esta decisión, ya que en España se han abandonado sectores clave para el desarrollo de nuestro país (telecomunicaciones, electricidad, gas, etcétera), por lo que no parece comprensible que continuemos como productores de servicios comerciales de televisión, cuando hay cientos de empresas privadas que emiten en abierto o previo pago los programas comerciales que los ciudadanos quieran ver. Esta privatización tendría cuatro ventajas:
l La suma obtenida de la privatización de la sociedad comercial de televisión se destinaría a amortizar la deuda asumida, bien total o parcialmente, con lo que se reduciría la carga fiscal que tendríamos que pagar todos los españoles tanto para amortizar la deuda como para el pago de los intereses de la misma.
l El Gobierno se quedaría al margen de la reestructuración de la citada sociedad comercial de televisión, con todos los conflictos sociales que llevará consigo.
l Estaríamos seguros de que el despilfarro que hemos heredado de una ineficiente gestión y de la utilización de la caja tonta para captar votos no volverá a producirse.
l De acuerdo con el Manual del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), la asunción de la deuda por el Estado no conlleva una transferencia de capital, con el consiguiente efecto sobre el aumento del déficit, ya que se realiza dentro de un proceso de privatización.
Si la privatización no se lleva a cabo, RTVE seguiría teniendo a su cargo tanto los programas de servicio público como los comerciales, y continuaría la doble financiación pública y privada. La asunción de la deuda de RTVE daría lugar a un aumento del déficit del Estado a consecuencia de la transferencia de capital que conlleva la asunción de la deuda.
La única forma de evitar el aumento del déficit público del Estado es que se considere RTVE como un organismo administrativo y, por tanto, consolidase dentro del sector Administración pública central. Sin embargo, hasta ahora se ha considerado como organismo público comercial, por lo que sería difícilmente justificable el cambio. Sólo reduciendo publicidad para que no supere el 50% de los costes de producción, pero ello supondría tener que financiar con cargo a Presupuesto programas comerciales, con el consiguiente aumento de la carga fiscal. ¿Y así hasta cuándo?