Cumpleaños de la Carta Magna
La Constitución Española, que hoy conmemora su 25 aniversario, ha posibilitado el progreso económico y la integración en la UE. El autor subraya que, bajo el diseño de la Carta Magna, se ha construido en España el Estado más descentralizado de Europa
Nuestra Carta Magna ha cumplido 25 años envuelta en los fastos conmemorativos de esta feliz efeméride. No es para menos, sobre todo si echamos una mirada retrospectiva a nuestra tortuosa historia constitucional. Ha regido el periodo más dilatado de democracia constitucional que ha conocido nuestro país, de estabilidad política en un régimen de libertades y de democracia parlamentaria. Ha posibilitado el progreso económico y la integración europea.
La efémeride invita a la reflexión. Mi primera reflexión sonará reiterativa, pero no por ello es menos cierta: el principal activo de nuestra Ley de Leyes es que es una Constitución integradora, de consenso, fruto del pacto y la transacción entre las fuerzas políticas que la alumbraron. Esta no es una Constitución de la derecha o de la izquierda, sino de todos. En su articulado no yace media España, aniquilada por la otra media, como el famoso epitafio de Larra. En su articulado se fusionan armónicamente las dos Españas, ya ninguna tendrá que helarnos el corazón, como pronosticaba Machado. Sí, esto tiene sus inconvenientes en términos de ambigüedad jurídica, pero también tiene sus ventajas en términos de virtualidad política. Por ejemplo, permitir que la Constitución tenga, al mismo tiempo, una lectura liberal y socialdemócrata y, por consiguiente, proporcionar amparo jurídico a Gobiernos de distinto signo político.
El nivel de descentrali-zación del gasto público es más intenso en España que el que disfrutan los Estados en la federación de EE UU
Un ejemplo, cuando su artículo 38 garantiza la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, hace profesión de fe liberal; cuando el mismo precepto constitucional somete esta libertad económica a las exigencias de la economía general o, en su caso, de la planificación, está haciendo un guiño socialista. En nuestro país ya no vale que el general Narváez irrumpa, sable en ristre, en una reunión del Consejo de Ministros para provocar un cambio de gobierno y, acto seguido, hacer su Constitución. El Gobierno muda por procedimientos democráticos, y la Constitución da cobertura a la alternancia política.
Segunda reflexión, nuestra Ley Fundamental da una salida razonable a los tres grandes temas que empañaron nuestro constitucionalismo histórico. Me refiero a la dialéctica Monarquía-República, confesionalismo-laicismo y centralismo-descentralización. Dicho en términos de dialéctica hegeliana, no dormita ni en la tesis, ni en la antítesis, gravita sobre la síntesis integradora. Es decir, Monarquía parlamentaria, Estado aconfesional y Estado autonómico.
Sí, se me dirá que la Constitución tiene una herida abierta en su Título VIII, relativo a la organización territorial del Estado, y que esa herida amenaza hemorragia con el plan Ibarreche, y con el injustificado protagonismo del nacionalismo independentista de ERC en Cataluña. Es cierto; para los nacionalismos centrífugos el Estado autonómico no coagula bien. Algo falló en el diseño del Título VIII, sin duda el más 'desconstitucionalizado' y, por ende, abierto, de la Constitución. Pero es innegable que bajo este diseño hemos construido el Estado más descentralizado de Europa, y hemos alcanzado un nivel de descentralización política inédito en nuestra historia constitucional. Con el nuevo sistema de financiación autonómica hemos conseguido un nivel de descentralización del gasto público más intenso que el que disfrutan los Estados en la federación norteamericana. Y aunque algunos hablen de federalismo asimétrico, ¿alguien duda de que nuestra corresponsabilidad fiscal encierra un auténtico federalismo fiscal? Duverger decía que una buena Constitución es aquella en la que uno puede sentirse razonablemente cómodo y, al mismo tiempo, razonablemente incómodo. El Título VIII, fruto de la transacción, cumple esa doble condición.
En cualquier caso -tercera y última reflexión-, me niego a reducir la Constitución a un mero código de articulación de poderes, como pretenden los detractores del Estado autonómico con el velado propósito de socavar el orden constitucional.
La Constitución es mucho más que su parte orgánica. Es garantía de unos derechos fundamentales que elevan la dignidad de la persona a la categoría de fundamento del orden político y de la paz social. Es un código de valores que giran en torno a la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. Los valores de lo que Popper llamaba la sociedad abierta. No sé si, como pretendía Montesquieu, las leyes tienen espíritu, pero creo que hay que recuperar y difundir el espíritu constitucional. Sigue vigente la admonición de Voltaire: 'Qui n'a pas l'esperit de son age, de son age a toute le malheur'.