La CE armonizará las normas sobre tarjetas de pago

La Comisión Europea anunció ayer su intención de armonizar la normativa aplicable a todas transacciones bancarias electrónicas. El uso de tarjetas de crédito, la domiciliación de recibos o las transferencias se someterán en toda la Unión Europea a la mismas normas sobre plazos, derechos del cliente y responsabilidades de la entidad.

En el conjunto de los 15 Estados miembros, más de 143 millones de este tipo de transacciones sin dinero material se realizan cada día, lo que arroja una media de 138 operaciones por ciudadano al año (57 per cápita en España). Pero la mayoría de ellas, según la Comisión, se producen dentro de las fronteras de cada país privando a los consumidores de los beneficios de la unión monetaria.

'Las barreras nacionales que aún perduran impiden, por ejemplo, la domiciliación de un recibo de un país a otro', explica el organismo comunitario.

Bruselas desea que la autorregulación del sector o la legislación europea superen esta fragmentación del mercado y promete que, en caso de intervención legislativa, 'será proporcional al objetivo'.

Ayer, de momento, inició un periodo de consulta de dos meses para conocer, antes de actuar, los puntos de vista del sector financiero y de los consumidores. Pero la propia invitación a remitir comentarios adelanta ya algunas de las acciones que emprenderá la Comisión. Y también las ideas que considera inviables, como la introducción de un número de cuenta personalizado que el cliente lleve consigo de una entidad a otra.

La protección de los usuarios en cambio se armonizará. Bruselas plantea, por ejemplo, una franquicia de 150 euros que el cliente deberá asumir en caso de pérdida o robo de la tarjeta de pago hasta el momento en que lo notifique a su entidad. Tras esa notificación, el usuario estará exento de toda responsabilidad. En este terreno, la CE lanza la idea de establecer un número de teléfono común para toda Europa a través del cual poder bloquear una tarjeta.

En cuanto a las transferencias transfronterizas, se reducirá el plazo de ejecución, fijado actualmente en un máximo de seis días. Las normas comunitarias, por cierto, ya obligan a las entidades a aplicar las mismas comisiones a una transferencia nacional que a una con destino a otro país comunitario.

La Comisión también armonizará las normas sobre anotación en la cuenta de las operaciones. 'Un retraso equivale a una comisión escondida', denuncia Bruselas.