El reglamento de fondos de pensiones exigirá más información para el inversor
Más cambios en el borrador del reglamento de fondos de pensiones. El texto actual endurece las exigencias de información que las gestoras tienen que tener disponible para los partícipes.
La intención es que haya dos niveles de información para que, por un lado, todas las gestoras den al inversor una información mínima 'con carácter previo a la adhesión de los partícipes' -según el borrador, algo que hasta ahora no marcaba la ley- y, por otro, que la entidad tenga preparada información adicional para los inversores que lo soliciten, según explicó ayer el subdirector general de planes y fondos de pensiones, José Ramón Plaza, en unas jornadas del Instituto de Fomento Empresarial .
Economía espera que el reglamento esté aprobado antes de marzo. Hoy gestoras, aseguradoras y sindicatos expondrán sus alegaciones al texto en la junta consultiva.
Las modificaciones sobre el anterior borrador en materia de información endurecen las obligaciones de las gestoras. æpermil;stas tendrán que enviar una certificación de aportaciones realizadas, con información incluso de los excesos de aportaciones y la devolución, así como un resumen al menos trimestral con la evolución de los activos del fondo, los costes y la rentabilidad. El inversor podrá pedir la totalidad de los gastos del fondo. El objetivo es una mayor transparencia en la línea de lo recién aprobado para fondos de inversión.
Inversión por edades
El reglamento en principio dejará la puerta abierta para una posterior regulación de las denominadas cestas por edades o tipos de inversor, un aspecto que ha provocado divergencias en sindicatos y empresas. Se trata de habilitar distintas políticas de inversión en los planes de empleo (en empresas) según grupos de empleados.
En cuanto a las comisiones de control de estos planes, Plaza reiteró que sindicatos y empresas tendrán que firmar un acuerdo de negociación colectiva para definir su composición, ahora con mayoría de las centrales en los de grandes empresas. La norma permitirá crear sociedades inmobiliarias para flexibilizar la inversión de los fondos en estos activos.