El déficit es el abogado

Los tiempos de 'encerrar a los delincuentes y perder las llaves' llegan a su fin. En muchos Estados de la unión se está reconsiderando la dureza de las sentencias y la aplicación de las penas, concebidas en los ochenta y noventa, y que hace particularmente duras las sentencias en los delitos menores donde hay serias desproporciones con las ofensas.

Pero este año muchos Estados han suprimido o reducido las largas sentencias, ampliado los casos de libertad provisional o considerado rehabilitaciones en delitos relacionados con drogas en vez de la prisión.

Muchos de los que han apoyado históricamente la dureza de las leyes han visto cómo la población reclusa se ha multiplicado por cuatro desde los ochenta (ahora son 2,1 millones de personas) cuando los delitos han bajado en los últimos años y cuando, según Human Rights Watch, hay tres veces más enfermos mentales en prisión que internados en clínicas psiquiátricas. La ecuación es difícil de mantener y menos en época de vacas flacas.

Y es que han sido las apreturas de las cuentas públicas los principales abogados de los reos. Ha sido el dinero, en realidad la falta de éste, lo que ha acercado a los más liberales y a los partidarios de la línea dura. No hay dinero para construir más cárceles ni para ampliar las que ya hay y que en muchos casos están por encima de sus posibilidades de acogida de reos. La asistente del fiscal general de Alabama señalaba recientemente a The New York Times que se han recortado tanto los gastos que algunas cárceles parecen tercermundistas.

En Kansas, donde se necesita invertir 15 millones de dólares en una nueva prisión este año se ha aprobado obligar a que los detenidos en ofensas relacionadas con drogas y no hayan cometido un delito tengan que pasar por un tratamiento y no por la cárcel. En Nueva York se han ampliado los términos para la libertad condicional y se espera que casi 1.200 personas salgan de prisión y ahorrarse 21 millones de dólares. En Florida, en el condado de Broward, se va a cerrar una cárcel en la que se mantenían presos por delitos menores con lo que se van ahorrar 1,2 millones de dólares. Es una tendencia que han seguido otros Estados que también han sacado las cuentas.

Los que esperan que la nueva orientación dure más allá de la crisis tienen los dedos cruzados.