Hacia un nuevo marco en 'telecos'
Pocos días después del anuncio de Bruselas de la apertura de un expediente por incumplimiento a España, el Congreso de los Diputados dio luz verde al texto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, dando cumplimiento así a la transposición del nuevo paquete de directivas europeas, cuyo plazo venció el pasado 25 de julio. La ley, que establece el nuevo marco normativo del sector, se publicó en el BOE el 4 de noviembre,.
Entre las principales novedades se establece la liberalización del régimen de acceso a la prestación de servicios de telecomunicaciones -de comunicaciones electrónicas en la terminología de la nueva ley-, pasándose de un régimen de autorizaciones y licencias previamente otorgadas por el regulador a una simple notificación comunicando el tipo de servicio a prestar. æscaron;nicamente quedan fuera de este nuevo régimen el cable y las actividades que requieran el uso del espectro.
Bajo la nueva ley no se hablará ya de operador dominante, sino de operador con peso significativo en el mercado. El regulador (CMT) será el encargado de evaluar la competencia en los distintos mercados de telecomunicaciones y, sobre la base del resultado obtenido, adoptar la decisión de eliminar, imponer o mantener obligaciones específicas. Se trata, en síntesis, del llamado paso de la regulación ex ante a la regulación ex post. En la competencia actual del sector, cabe cuestionarse si esta nueva aproximación generará a corto plazo cambios significativos en este sentido.
Destaca, por su imprecisión, la nueva obligación referente a la separación estructural en caso de que las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público ostenten a su vez la propiedad o ejerzan el control directo o indirecto de operadores que exploten redes de comunicaciones electrónicas. La aplicación de esta disposición podrá conllevar, en algunos casos, la necesidad de acometer cambios en la estructura actual de determinadas empresas en las que participen, directa o indirectamente, entidades titulares del dominio público sobre el que se asientan las infraestructuras de telecomunicaciones. El sentido del concepto de 'separación estructural exigido' dependerá de las decisiones que al respecto adopten las autoridades competentes, así como de las medidas concretas en que dicha separación se traduzca.
Las menores trabas para la entrada de un operador tienen su contrapeso en un régimen sancionador más duro, que prevé, además de un considerable aumento de la cuantía de las sanciones, la posibilidad de sancionar a los propios administradores.
Por último, como innovaciones destacan la posibilidad de negociar con el espectro -previa autorización- y la creación de la Agencia Estatal de las Radiocomunicaciones para la gestión del uso que del espacio radioeléctrico hacen los operadores, radios y televisiones.
No obstante dichas novedades, no podremos hablar de verdadera transposición del nuevo marco normativo comunitario entre tanto no se produzca el desarrollo reglamentario previsto por la ley en sus principales puntos.