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A pesar de ser hijo del ex presidente George Bush, al actual jefe del ejecutivo de EE UU se le considera el heredero político de Ronald Reagan. Su estilo, su administración, se compara con la de este ex presidente que gobernó entre 1981 y 1989. Esta vez, la historia se repite en la controvertida relación de una presidencia y un Congreso republicano con unas fiscalías generales de Estados ocupadas, mayoritariamente, por demócratas.
En la época de Reagan estalló la discordia porque las fiscalías se arrogaron la defensa de los consumidores al entender que los reguladores (ni el Congreso ni las agencias u organismos ad hoc) no lo hacían. En ocasiones llegaron a proponer y sacar adelante con los Estados regulaciones sobre la publicidad de las aerolíneas y otros sectores que anuló el Tribunal Supremo por falta de jurisdicción.
Con esa vía cerrada llegaron los acuerdos extrajudiciales que se han mantenido contra destacados sectores. Así se dieron alas a los litigios multiestados contra las empresas. Microsoft, Ford, Firestone, las tabacaleras y Amazon son algunas de las que conocen de primera mano la acción de las fiscalías unidas que ahora están de nuevo en el centro de la diana acusando a la SEC o la EPA (oficina de medioambiente) de no hacer su trabajo.
A día de hoy varios fiscales se han significado en la defensa de los consumidores pero ninguno como el que algunos asesores del ex presidente Bill Clinton consideran 'el demócrata del año', Eliot Spitzer, fiscal general de Nueva York.
Spitzer llevó este año contra las cuerdas a la banca de inversión de Wall Street y puso coto la connivencia de los departamentos de inversión y análisis tras probar que se sesgaban los informes a conveniencia de los intereses de los patrones. El acuerdo extrajudicial al que se unió, entre otros, la SEC se vio con sospecha desde Washington donde se quiso poner freno a las provisiones de carácter regulatorio de este tipo de pactos de cara al futuro. En el Capitolio defienden que los legisladores son ellos.
Pero Sptizer, no se amilana. Recientemente, junto con otros fiscales, ha dicho que perseguirá los casos de contaminación atmosférica contra eléctricas que la EPA ha archivado. Además, en julio comenzó a investigar las prácticas ilegales de los fondos de inversión a los que acusa de no trabajar para sus clientes sino para su propio beneficio y con medios ilegales.
Tras cerrar un acuerdo con uno de estos gestores en septiembre, Spitzer y la SEC comparecieron en el Congreso. El fiscal no ahorró quejas dijo que la SEC había fallado en su vigilancia de nuevo, no le prestó atención cuando él denunció el problema y pidió dimisiones.
La relación ha empeorado. Mientras desde su oficina se estudian posibles demandas o querellas contra un buen número de gestores, la SEC ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Putnam apenas unas semanas después de denunciarles. Spitzer ha sacado las garras y ha acusado al regulador de los mercados de cerrar un acuerdo prematuro e insuficiente sin consultarle cuando se comprometieron a trabajar juntos. El fiscal dice que la SEC ha abandonado a los inversores y se ha 'convertido en el ministerio del status quo para el sector'.
Spitzer tiene en mente plantear un cambio en las prácticas del sector y sigue adelante aunque ya ha dicho que no sabe si podrá seguir trabajando con la SEC. El conflicto es ya mayúsculo.