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OMC

La CE da cinco meses a EE UU para cancelar su ayuda a la exportación

La Organización Mundial de Comercio (OMC) autorizó el pasado 7 de mayo a la Unión Europea a imponer sanciones a EE UU por un máximo de 4.043 millones de dólares. La represalia intenta compensar el daño causado a las empresas por el trato fiscal favorable que Washington dispensó durante varias décadas a las exportaciones de las grandes multinacionales estadounidenses.

Se trata del mayor castigo autorizado en la historia del organismo internacional con sede en Ginebra. Quizá por ello, Bruselas ha optado por una salida negociada, intentando que EE UU modifique una ley que ha sometido a los mercados internacionales a la competencia desleal de multinacionales como Nike, Microsoft, IBM o Boeing.

La Comisión ha ido preparando, sin embargo, los mecanismos necesarios para desencadenar las sanciones en caso necesario. Ayer, aprobó un proyecto de reglamento que prevé un incremento progresivo de los aranceles aplicados a las importaciones procedentes de EE UU. Hasta 44 tipos de productos, desde material nuclear a juguetes y confetis, pueden sufrir la represalia si Washington no acata el veredicto de la OMC antes del 1 de marzo de 2004.

El castigo comenzará con un incremento arancelario del 5% sobre los productos seleccionados. Arancel que subirá un 1% al mes, hasta el 17%, mientras EE UU no corrija el trato fiscal favorable a sus empresas. El comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, ha explicado en persona el mecanismo a destacados representantes del Congreso estadounidense.

Washington ya corrigió la ley de subsidios, llamada Foreign Sales Corporations, en noviembre de 2000, como consecuencia del fallo contrario de la OMC. Pero en enero de 2002, Ginebra volvió a concluir que la nueva ley, que extendía los beneficios a algunas empresas extranjeras, incumplía las normas.

La patronal americana pide a España que medie ante Bruselas

El presidente de la Cámara de Comercio de EE UU, Thomas J. Donohue, se entrevistó ayer en Madrid con las autoridades españolas para 'aunar fuerzas' con el objetivo de que la UE haga 'una legislación más sensata que permita una mayor actividad comercial', informa Patricia Caro. Los empresarios se mostraron preocupados por la directiva que prohibirá la importación y producción de artículos que tengan productos químicos cuyo efecto en las personas no esté probado.

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