Elvira Rodríguez

'Bruselas financiará el Plan Hidrológico'

Elvira Rodríguez Herrero lleva desde marzo el peso del Ministerio de Medio Ambiente. Cercana al vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, y al secretario general del PP, Mariano Rajoy, es una figura en alza en el actual Ejecutivo. Su departamento gestionará 4.113 millones de euros en inversiones en 2004, de los que 433 corresponden al trasvase del Ebro. La ministra conversa sobre los principales objetivos de su departamento, como la búsqueda de financiación para el Plan Hidrológico y las consecuencias para las empresas del Protocolo de Kioto.

Pregunta. ¿Cómo se siente gestionando el segundo ministerio inversor?

Respuesta. Profesionalmente me siento satisfecha. He tenido la oportunidad de cambiar de lado de la mesa y ver lo que se hace con aquellos recursos que yo antes asignaba en el papel. Tengo un ministerio de los priorizados por el Gobierno. Ha salido con un presupuesto compensado, aunque ajustado, y con unas inversiones potentes.

'Siempre he estado disponible para Rajoy; soy una profesional que ha apostado por el sector público'

P. ¿Se cumplirá el calendario previsto del Plan Hidrológico (PHN)?

R. Sin duda. Plantea un horizonte hasta 2008, incluyendo la transferencia del Bajo Ebro (trasvase del Ebro hacia Barcelona y resto de Levante). Para 2004 hay presupuestados 3.340 millones de euros. Hasta el momento hemos iniciado ya el 45% de las obras. Las obras de aguas tienen un periodo largo de maduración. Ayer aprobamos en Consejo de Ministros la declaración de impacto ambiental del trasvase del Ebro. Ahora el proyecto global (abarca 900 km) se desagregará en proyectos más pequeños, por tramos.

La infraestructura del trasvase va a ser un factor de cohesión y un proyecto generador de riqueza para España. Los 1.000 hm3 se obtendrán sacando agua del final del río Ebro, siempre que sea excedentaria.

P. ¿Está satisfecha de la reunión técnica del 17 de octubre en Bruselas?

R. Sí. Fuimos a explicar a la Comisión Europea, con ingenieros hidrológicos, los modelos de funcionamiento del río Ebro. Se dedujo que, normalmente, el río lleva agua suficiente para llevar a cabo el trasvase. Sólo nos llevaremos el agua que previamente no hayan usado los aragoneses. La propia ley es muy clara. Las concesiones del río Ebro, incluido el pacto del agua, son restricciones previas a hacer el trasvase.

P. Entonces, ¿ha quedado claro desde Bruselas que hay agua suficiente para el trasvase?

R. Estoy segura. Frente a nuestros modelos de estudio no se presentó nada por parte de la delegación aragonesa.

P. ¿Aragón se opone al trasvase por tener una Administración socialista?

R. Al Gobierno regional actual le ha venido muy bien la bandera del trasvase para movilizar al electorado y ganar las elecciones. Hay un componente más político que técnico.

Con el PSOE tenemos el problema de que no manifiesta la misma postura en todo el territorio nacional. En Cataluña, Maragall dice que el trasvase sólo para Barcelona; en Aragón, Marcelino Iglesias dice que no le toquen el río; en Castilla-La Mancha, Bono quiere que el sea el trasvase Tajo-Segura el que no se modifique; en Andalucía, Chaves dice que se haga el trasvase; y el secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, no dice nada.

P. ¿También es política la postura de valencianos y murcianos?

R. Ellos necesitan el agua porque no la tienen, y es un recurso natural necesario para el desarrollo. En Murcia todavía, en pleno siglo XXI, tenemos municipios con restricciones de agua. Las hemos tenido este verano, superiores a 12 horas. No nos lo debemos de permitir cuando el Ebro ha lanzado al mar 12.000 hm3 de agua este año.

P. Si la UE no financiara el PHN, ¿hay dinero para hacerlo desde dentro?

R. No me lo quiero ni plantear. El proyecto del trasvase entre comunidades reúne todas las condiciones para ser financiado. Estoy segura de que la UE financiará el Plan Hidrológico a pesar de los recursos. Los españoles tenemos derecho a optar por esas ayudas, que salen del Presupuesto comunitario y de la parte asignada a España para fondos estructurales y de cohesión. En un mes y medio, antes de que termine el año, solicitaremos la financiación a Europa. Primero en su conjunto y luego desagregada. Vamos a pelear por ello, porque hemos hecho un proyecto adaptado a las restricciones que pone Bruselas, respetuoso con las directivas medioambientales y paradigmático de lo que supone la cohesión territorial.

P. ¿Se sacaría dinero de donde fuera del superávit público?

R. Vamos a hacer el trasvase. Tenemos derecho a la cofinanciación europea para proyectos como la depuradora del Baix Llobregat, recientemente inaugurada que, con 300 millones de presupuesto, dará servicio a 2,5 millones de personas. La última fase de esta depuradora conseguirá recuperar el delta urbano del río Llobregat en 2005.

P. ¿Y los planes de regadío?

R. En el PHN se incluyen casi 800 millones en 2004 para modernización de regadíos y mejora de su eficiencia, desde las obras de regulación hasta donde se distribuye el agua por parcelas.

P. ¿El precio del agua del trasvase está cuantificado ya?

R. Dependerá de donde se ponga el contador. El agua como recurso natural no tiene precio. Nadie puede decir este agua es mía. Lo que tiene coste son las instalaciones y las infraestructuras para su uso.

P. ¿Debe pagar todo el mundo por igual?

R. No. El precio dependerá de las infraestructuras necesarias para prestar el servicio (abastecimiento, saneamiento y la depuración).

P. ¿El precio es asumible en todo el trazado del trasvase?

R. Lo es en los cálculos iniciales.

P. Hay organizaciones agrarias que no dicen lo mismo.

R. La política de la subvención es muy querida por muchos españoles. Hay otras organizaciones agrarias, en cambio, que quieren el agua al precio que sea, porque tienen una agricultura tan eficiente que les es rentable. Pasa en Almería.

P. ¿Tendrá subvención el precio de agua?

R. Tendrá un precio que vendrá estructurado en función del coste.

P. ¿Cuánto va a costar al final el desastre del Prestige?

R. Llevamos gastados en limpieza más de 150 millones de euros. Se han empleado 1,2 millones de jornadas laborales. Y seguimos trabajando, todo lo que sea necesario. La estimación previa que llevamos a Europa fue, a tanto alzado, de 1.000 millones de euros. En estos momentos, el coste global ha superado ya los 800 millones. Ahora tenemos que reponer la costa al estado en que estaba (se han abierto caminos para limpiar). Tenemos que eliminar los residuos (agua, arena y desperdicios), almacenarlos y separarlos.

P. ¿Se ha pedido financiación adicional a la UE?

R. Lo que se ha hecho es reprogramar fondos. Todavía tenemos 1.000 personas en equipos volantes repartidas por toda la costa gallega y del Cantábrico. Este verano había 4.000 personas limpiando todos los días.

P. ¿Cómo van las reclamaciones contra la empresa propietaria del barco?

R. Las están llevando los servicios jurídicos del Estado. Se va a reclamar a todos los niveles, incluidas las aseguradoras. Y se va a iniciar un seguimiento del impacto medioambiental a tres años.

P. ¿Está disponible para Rajoy a partir de marzo?

R. Siempre he estado disponible para Rajoy, desde que estaba en la Dirección General de Presupuestos y él era ministro. Soy una profesional que siempre ha apostado por el sector público.

'Las empresas deben asumir el coste de Kioto'

Se dice que las empresas necesitarán 6.000 millones de euros para adaptarse a Kioto.

El protocolo intenta luchar contra el cambio climático provocado por el hombre. España lo ha ratificado, y como miembro de la UE se compromete a reducir las emisiones de gases. Los emisores de CO2 son en un 40% de la industria; y en un 60% del transporte, los hogares y la agricultura. Las compañías deben asumir los costes medioambientales derivados de Kioto.

La CEOE ha pedido que se compren derechos de emisión a países que no los utilizan.

Lo que quiere es que España los compre y se los regale. Se dice que hay un problema de pérdida de competitividad frente a las empresas de otros países que no asumen Kioto. Pero nuestras firmas están haciendo frente, con unos mecanismos u otros, a pérdidas de competitividad de otro tipo.

Entonces, ¿se van a subvencionar estos costes?

No tenemos ese pensamiento, de igual forma que no subvencionamos la diferencia de coste de la mano de obra del sudeste asiático respecto a la española. Ayudamos a invertir en la I+D, pero la vía ambiental debe entrar en los costes de las empresas.

Comprará el Gobierno derechos de emisión?

Tenemos que ver qué es lo que hace Europa, ya que puede ser considerado ayudas de Estado. Estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Economía.

¿El recorte de emisiones será proporcional al peso de cada industria?

Está en estudio, pero no necesariamente. Hay quien dice que debe ser por unidad de producto o por instalación. Es complicado fijar un mercado de asignaciones.

¿Qué le parece la actitud de EE UU frente a Kioto?

Quiere cumplir, pero a su manera. Ayudando a sus empresas, con tecnologías que no contaminen. Como siempre, se desmarca de una decisión común.