Deslealtad fiscal
Dice el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, al anunciar la imposición de un sobreprecio a las gasolinas y demás carburantes que se expendan en el Principado que la medida viene obligada para atender necesidades ineludibles y que ha debido adoptarla habida cuenta de la deslealtad fiscal del Gobierno Aznar. Otras comunidades autónomas han precedido a la asturiana en ese recargo para cubrir gastos sanitarios y educativos que figuraron en los Presupuestos Generales del Estado antes de que esas competencias de Sanidad y Educación fueran transferidas a determinadas autonomías sin las dotaciones económicas precisas para desarrollarlas.
Por ahí, por la asimetría entre la transferencias competenciales en esos ámbitos básicos y la falta de la asignación de fondos con los que hacerles frente, es por donde empieza eso que el presidente Álvarez Areces ha llamado deslealtad del Gobierno Aznar. Pero el sustantivo lleva adosada la adjetivación fiscal porque el Gobierno del Partido Popular se ha subido al carro propagandístico de la disminución de impuestos y del déficit cero sin atenerse a las cuestiones que le son propias como el IRPF dispuesto a invadir predios ajenos.
En esa línea transgresora, durante la campaña electoral de las anteriores legislativas el candidato Aznar lanzó la promesa de eliminar el impuesto de actividades económicas, pero semejante propuesta se hacía con la deslealtad que suponía mermar con plena desconsideración las arcas de los Ayuntamientos destinatarios finales de la recaudación del IAE. Era una más de esas alegrías sobrevenidas, como la supresión del servicio militar obligatorio, en busca del voto sin evaluación de las consecuencias. Así que luego hubo de empezar la discusión para examinar la forma de compensar a los Ayuntamientos por los perjuicios económicos que se les irrogaban.
Los destrozos institucionales prosiguen en este lento eclipse del aznarismo cuyo ritmo parece desesperante
Llegaron después las elecciones municipales y autonómicas de mayo y otra vez el PP de las responsabilidades, el que quiere patrimonializar en exclusiva la Constitución, la bandera o las Fuerzas Armadas, el que sin complejos nos mete en la guerra de Irak y rompe todos los consensos en política exterior o de defensa con acciones anticipatorias incluidas, sube a la pista del circo y anuncia que procederá a suprimir el impuesto de sucesiones. Pero de nuevo sucede que ese impuesto está fuera de las aguas jurisdiccionales del Gobierno y vierte sus efectos sobre las arcas de la comunidades autónomas. De modo que la promesa de supresión iba acompañada de la advertencia de que sería aplicada en aquellas autonomías donde el PP se alzara con la victoria en las urnas.
Es decir, que los presidentes del PP aparecían como marionetas manejadas desde Madrid y renunciaban por adelantado a recibir unos fondos cuya cuantía ni siquiera había sido evaluada con mínima solvencia técnica. Además de que tanta prédica sobre la vertebración de España -una vertebración radial según las antiguas pautas, aplicadas de nuevo para el AVE, en lugar de pensarla en red como manda la modernidad- quedaba desmentida con ese proceder de sálvese quien pueda, sin consultar de modo racional a todos los Gobiernos autonómicos, cualquiera que sea su color político y extendiendo la famosa competitividad también a los ámbitos fiscales.
Los destrozos institucionales prosiguen en este lento eclipse del aznarismo cuyo ritmo parece desesperante. Pero quienes siguen en la cara oculta de la luna se preparan para después. Se atisban al menos en esta cuestión fiscal dos escuelas de pensamiento que podrían estar representadas en estos últimos días por la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declarando solemne que bajará los impuestos por convicción, y el alcalde de la Villa, Alberto Ruiz-Gallardón, que se propone subir los impuestos en un 26% a base de toda suerte de tasas que gravarán a los vecinos.
Tendrá que convocarlos el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pintar en la pizarra de la escuelita la curva de Laffer, según la cual la disminución de impuestos resulta en aumento de la recaudación y repartir copias de la viñeta de El Roto aparecida en las páginas de El País donde aprendimos que la subida de los precios es la clave para el enriquecimiento hacia el que nos encaramamos dentro de la burbuja envidiable y enladrillada.