El Gobierno admite que ningún pacto del suelo será útil sin los ayuntamientos
Han bastado apenas nueve meses desde que se firmara el vigente pacto del suelo entre Fomento y todas las comunidades autónomas, excepto las regidas por el PSOE, para que el Gobierno tenga que reconocer que las iniciativas que contempla dicho acuerdo servirán de muy poco en la lucha por frenar la actual escalada de precios de la vivienda si no se suman al consenso los ayuntamientos.
A estas alturas del boom inmobiliario nadie duda que los pisos son demasiado caros y que cada vez hay más ciudadanos que no pueden adquirir una casa, es la denominada 'demanda insolvente'.
Así, tanto los agentes que intervienen en el sector (Administraciones, empresarios y consumidores) como los expertos y la oposición política coinciden en señalar los problemas que han propiciado la actual coyuntura, pero no logran el consenso a la hora de plantear las soluciones.
'Es un problema de falta de voluntad política, porque, pese a las diferencias ideológicas, cada Administración, independientemente del color político, hace en su feudo lo que le conviene en ese momento con el urbanismo', sostiene un representante de una gran empresa constructora.
El problema de quién tiene competencias en materia de suelo y urbanismo data de 1998, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional otorgó dicho poder a las comunidades autónomas, dejando en papel mojado la recién nacida Ley del Suelo del primer Gobierno del PP.
Las regiones son, por tanto, las encargadas de legislar, pero el Ministerio de Fomento ya reconoció en enero pasado, cuando suscribió el pacto, que éste debería ser ratificado por las corporaciones locales, 'pues son los ayuntamientos los que tienen la llave de la gestión final del suelo', enfatizó Cascos.
De hecho, Álvarez-Cascos ya ha cursado una invitación formal a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para celebrar un encuentro en el que tratará de lograr su apoyo.
En este sentido, el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, ha resaltado a este periódico que 'es muy importante que todas las Administraciones se pongan de acuerdo para sacar suelo al mercado y lograr que todo los procedimientos urbanísticos sean lo más rápidos y transparentes posibles'.
El PSOE justifica la no adhesión al pacto auspiciado por Cascos por el mercantilismo con el que el PP intenta solucionar los problemas del acceso a la vivienda. Frente a la ley de la oferta y la demanda, los socialistas defienden mayor intervencionismo para poner coto a la especulación. Entre tanto, en la FEMP nadie sabe, nadie contesta.
Las recetas. Los problemas y sus posibles soluciones
Partidos PolíticosLas diferencias entre PP y PSOE se centran en el polémico asunto de la valoración de solares y el uso del patrimonio de suelo público. En lo demás -fomento del alquiler, agilización de trámites y reforma de la política social de vivienda- hay menos divergencias. Los socialistas proponen drásticos cambios en las expropiaciones, la supresión de la subasta y reservas de suelo para VPO.PromotoresLos empresarios que se dedican a promover y construir vivienda aseguran que la reforma capital debe ser la puesta en el mercado de forma ágil y abundante de suelo, su principal materia prima. Los más liberales apuestan por un nuevo texto legal que sólo indique dónde no se puede construir por razones específicas y declare el resto del territorio como urbanizable.ArquitectosEl presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, asegura que algunas medidas adoptadas van por el buen camino, como las que fomentan la promoción de pisos en alquiler, pero insiste en que aún queda camino por recorrer. Cree que son necesarias nuevas ayudas a los jóvenes y otro pacto con los ayuntamientos.CooperativasLas empresas dedicadas al cooperativismo siguen denunciando el retroceso experimentado por la construcción de pisos de promoción pública (las antiguas VPO) dado el desfase entre el precio de venta de referencia que marca Fomento y el coste de edificarlos ahora, que es un 20% superior como promedio. Por ello, piden una urgente reforma de la política social de vivienda.ExpertosAlquileres y fiscalidad son dos de los asuntos donde hay unanimidad: conviene hacer cambios. Pese a lo arraigado que está el sentimiento de propiedad en España, una abundante oferta de alquileres asequibles sería un buen antídoto a la locura actual. En los impuestos, ganan adeptos los incentivos al promotor que decida arrendar y pierde puntos la tradicional deducción por compra.
Las claves del acuerdo vigente
1 El primer punto del acuerdo firmado en enero ya pone de relieve el escaso margen de maniobra que tiene el Estado, ya que establece que el suelo no urbanizable será 'aquel que el planeamiento general considere necesario preservar por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación urbanística o por la territorial'.2 Las valoraciones de suelo, o lo que es lo mismo, lo que deben percibir los propietarios de suelo en los procesos de expropiación, fueron el centro de la discordia al redactar el texto del pacto. Finalmente quedó establecido que a un suelo agrícola por el que ya está previsto que discurra una autovía se pague como si se tratara de un terreno urbanizable, descontando los gastos que supondrá para el comprador la transformación de dicho suelo. El PSOE pidió referenciar dichos valores al catastro y penalizar la retención especulativa de suelo.3 Quizás sea el único aspecto del acuerdo en el que estuvieron de acuerdo todas las fuerzas políticas: la agilización de los plazos del proceso urbanístico. Se trata de acortar el tiempo que tarda un suelo catalogado como urbanizable en empezar a recibir a las excavadoras. Pero, de nuevo, las Administraciones que conceden la mayor parte de las licencias son los ayuntamientos.4 En cuanto al destino de los suelos públicos, sean de la Administración que sean, el pacto sólo se comprometió a primar el uso del concurso público para su enajenación, pero no prohíbe, como pedía el PSOE, la utilización de la subasta. Por último, deja la puerta abierta a la introducción de más seguridad jurídica en los arrendamientos.