El Congreso da luz verde a la liberalización del ferrocarril
El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la nueva Ley del Sector Ferroviario, que inicia la progresiva apertura a la competencia del transporte en tren, tanto de mercancías como de viajeros. La entrada en vigor del texto, seis meses después de su publicación en el BOE, supondrá iniciar la separación entre la gestión de la infraestructura ferroviaria y la del transporte que actualmente engloba Renfe.
Para ello, la norma establece la constitución del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ente público que se encargará de la gestión de toda la red de ferrocarril, tanto convencional como AVE, y que nacerá de la suma del actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias con todos los activos de Renfe, a excepción de los trenes, vías, centros de control, estaciones, patrimonio, red de fibra óptica y su personal asociado.
Renfe quedará así como una empresa de transporte, integrada por sus actuales unidades de negocio de tráfico de pasajeros (AVE, grandes líneas, regionales y cercanías) y de mercancías (cargas y transporte combinado).
La nueva Renfe-Operadora, que en principio continuará siendo pública, deberá competir con nuevos operadores ferroviarios públicos y privados por conseguir surcos de red para explotar distintos servicios de transporte, previo pago de las tasas o cánones al ADIF, tal y como actualmente ocurre en el sistema aeroportuario.
El obstáculo que para este proceso de liberalización se presentaba era la deuda de más de 7.200 millones de euros que acumula Renfe, que se ha solucionado con la decisión de Fomento de repartirla entre los nuevos agentes del sector. El Estado asumirá el 11,2% del pasivo total (1.538 millones), Renfe gestionará los 1.357 millones de deuda asociados a la compra de trenes y explotación del servicio (18,7%) y el nuevo ADIF recibirá los 3.846,6 millones (53,1%) derivados de los retrasos de las subvenciones estatales a Renfe para mantenimiento de la red.
El ministerio que dirige Francisco Álvarez-Cascos calcula que la introducción de competencia en el transporte en tren, junto con la puesta en servicio de nuevas líneas de Alta Velocidad, generará 229.000 empleos hasta 2010.