El Gobierno pone límites a la cesión de las frecuencias adjudicadas a Xfera

El sector de telecomunicaciones tiene ya nueva ley. Después de dos años de intenso trabajo y un número ingente de retoques, el Congreso dio ayer el visto bueno a una norma llamada a regular un sector más maduro y menos intervenido. La posibilidad de negociar con las frecuencias de móvil es la principal novedad de la norma, pero el Gobierno ya ha establecido límites para evitar la especulación. Si Xfera quiere ceder parte de su licencia, primero tendrá que operar.

El recién nombrado ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, se perdió ayer la presentación en sociedad del paso legislativo más importante que ha dado su departamento durante esta legislatura: la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Pero el viaje a Kazajistán, el lugar desde donde partirá la misión espacial en la que viaja el español Pedro Duque, hizo imposible su asistencia. Sus funciones las asumió el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco, verdadero artífice e interlocutor del sector en muchos apartados de la nueva ley.

Con el último trámite aprobado -el visto bueno ayer del Congreso- y a falta sólo de su publicación en el BOE para que entre en vigor, la Ley General de Telecomunicaciones pretende dar respuesta a las necesidades de un mercado que ya ha madurado, después de casi seis años de liberalización de la telefonía fija, y que necesita una regulación más flexible y simplificada, siguiendo las exigencias comunitarias.

La simplicidad se la da su propio articulado: 58 artículos, frente a los 85 de su predecesora de 1998. Y la flexibilidad la aportan las novedades de la norma, que cambian drásticamente el funcionamiento del sector.

Como primera modificación radical, la ley introduce la posibilidad de negociar con el espectro radioeléctrico, a pesar de que la titularidad sigue siendo pública. Para lidiar con lo que sin duda será un foco de polémicas y conflictos se ha creado un organismo autónomo, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que gestionará lo que López Blanco calificó como 'un mercado secundario de frecuencias'.

Lo que el Gobierno no va a permitir es la especulación con un bien público y escaso, como se ha encargado de matizar una enmienda en el Senado. Las transacciones posibles están reguladas con el objetivo de impedir las que no tengan como finalidad una gestión más eficiente del espectro. La primera limitación es todo un revés para la no nacida Xfera: sólo podrán negociar con sus frecuencias las operadoras que estén dando servicio. La congelada cuarta concesionaria de una licencia de UMTS tendrá, por tanto, que salir al mercado al menos en una ciudad para poder comerciar con el resto de sus posesiones.

El servicio universal, privado

No ha habido ningún avance sobre la legislación vigente en otro tema que ha sido muy polémico durante el trámite parlamentario de la ley. Economía y Hacienda han ganado la batalla y han impuesto sobre Ciencia y Tecnología su negativa a que el servicio universal se financie con fondos públicos. Será Telefónica, y sus rivales cuando se tercie, la que cargue con la obligación física y monetaria de llevar el teléfono e Internet a todos los rincones de España.

Por el contrario, el Gobierno sí ha sido receptivo a la polémica con la instalación de antenas en los ayuntamientos, sobre todo porque los impedimentos de las corporaciones locales están frenando el desarrollo de las redes y, por tanto, de inversiones. La ley establece la creación de una mesa de cooperación, que coordinará la actuación de todos los implicados en la instalación de las infraestructuras. La meta es facilitar el despliegue de las redes, aunque las amplias competencias de los ayuntamientos en este campo pueden seguir siendo un obstáculo para que las intenciones lleguen al puerto deseado.

El impulso liberalizador de la nueva normativa se ha quedado, sin embargo, a medio camino en el caso del cable. Ciencia y Tecnología está decidido a abrir este segmento a la libre competencia, pero a la vez ha dado un plazo a los operadores que se presentaron a los concursos -Auna y Ono, fundamentalmente- para que amorticen sus inversiones. El resultado es que la apertura no será total hasta 2010.

Así, el sector del cable y las actividades que requieran el uso de espectro para operar se convertirán con la nueva ley en los únicos segmentos que necesitarán el visto bueno previo del Gobierno para operar. El resto de las compañías que quieran entrar en el mercado ya no necesitarán licencia; basta con que lo avisen al regulador.

El Ejecutivo condiciona la posibilidad de negociar con el espectro de móvil a que las operadoras estén en activo

Las Cifras

422En España hay en estos momentos 422 licencias individuales otorgadas, que corresponden a 335 operadores. Todos ellos se verán afectados por la ley.4Con la vieja legislación, sólo cuatro operadores están considerados dominantes.20La multa máxima que puede imponer la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es de 20 millones.

Las claves de la normativa

Más de un lustro de liberalización y la competencia en un mercado más maduro han permitido cambiar las reglas del juego. De una regulación previa a los acontecimientos (ex ante) se ha pasado a una ley que deja competir y que, en su caso, sanciona luego los incumplimientos o las infracciones (modelo ex post).Para que este modelo sea operativo, los reguladores del sector -tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)- tienen que ser mucho más ágiles y rápidos en sus actuaciones. Puesto que no hay filtro previo, la intervención tiene que ser inmediata, con la posibilidad de dictar medidas cautelares y multas.En este escenario, el esquema de sanciones cobra especial importancia. La nueva ley introduce infracciones por el incumplimiento de los límites de la emisiones en las antenas, hasta el punto de que el operador puede ser inhabilitado. Para las infracciones tipificadas como muy graves por la CMT y que tienen que ver con mercados de referencia y operadores con poder significativo la multa puede ascender a 20 millones de euros. Para el resto de infracciones muy graves la sanción máxima es de dos millones. Los incumplimientos graves serán penalizados con hasta 500.000 euros.Habrá que ver su aplicación real y efectiva, pero la nueva ley también ha previsto multas personalizadas. Hasta 60.000 euros tendrán que pagar los representantes legales o las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en las infracciones cometidas por las empresas que representan.La norma también hace referencia a los usuarios, que tendrán mayores derechos frente a las operadoras.