Fomento pide a los ayuntamientos que se unan al pacto del suelo para bajar los precios
El Ministerio de Fomento ha invitado a la Federación de Municipios y Provincias (Femp) a abordar la incorporación de los entes locales al pacto de suelo que el pasado mes de enero suscribió con todas las comunidades, con la excepción de las gobernadas por el PSOE, según ha anunciado el titular del Departamento, Francisco Alvarez-Cascos. Con ello pretende elevar la oferta y atajar el encarecimiento del 80% que el precio de la vivienda acumula desde 1996.
Alvarez-Cascos, durante la inauguración de un inmueble rehabilitado de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), ha explicado que la articulación del nuevo acuerdo, solicitado desde distintos ámbitos como el Banco de España y el Tribunal de Cuentas, no debe concretarse específicamente en una mesa única entre Administración central, autonómica y local, sino que puede tratarse en mesas bilaterales.
Entre los términos del Pacto de Suelo alcanzado en enero, destaca el compromiso asumido por todas las regiones firmantes de agilizar y flexibilizar los trámites administrativos ligados tanto a la clasificación de suelo como a la aprobación de los planeamientos urbanísticos. El acuerdo introdujo también un nuevo sistema de valoración de suelo, con el fin de excluir los elementos de cálculo que fomenten la especulación y, en cuanto a patrimonios públicos de suelo, recomienda a sus titulares abordar su enajenación primero mediante convenios públicos, posteriormente a través de concurso y sólo recurrir a la subasta en última instancia.
Suelos para Defensa
Con respecto a los suelos que el Ministerio de Defensa prevé enajenar para financiar la modernización del armamento del Ejército, el ministro de Fomento ha mantenido que "conciliar los fines de la defensa con otros fines de carácter urbanístico" corresponde al Departamento que dirige Federico Trillo. "El Ministerio de Defensa, como todas las instituciones titulares de patrimonio, tiene la obligación de servir a los intereses generales para los que ese patrimonio fue constituido". Así, Cascos ha concluido que "la política del Ministerio de Defensa es razonable a la hora de hacer compatible la defensa de sus objetivos con los intereses urbanísticos de las parcelas donde están situadas".