_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Divorcio del IPC y el coste de la vida

Antonio Gutiérrez Vegara

La publicación del IPC de septiembre se ha solapado con el informe de la Universidad Complutense -a requerimiento del Ministerio de Economía- que, entre otras conclusiones, señala un considerable encarecimiento de los alimentos no elaborados desde su producción hasta que llegan al consumidor, y que sus precios se van agrandando según se adquieran en comercios especializados, supermercados o grandes superficies.

Tal coincidencia ha hecho aflorar simultáneamente la percepción de alza en la carestía de la vida que tiene gran parte de la población y su reducción en una décima que oficialmente refleja el IPC. Un alejamiento que no debería minusvalorarse como si fuera fruto de una ficción de los sentidos de la gente, porque puede tener efectos reales serios sobre la evolución de la tasa de inflación.

Cuando los índices oficiales pierden credibilidad, se tienden a sustituir por parámetros de la vida real, más subjetivos pero determinantes de las decisiones. En algunos países, como Italia, se ha llegado a popularizar el índice de sensación del coste de la vida, que llega incluso a duplicar el IPC. En España, donde la sensación divergente del IPC viene de antiguo, provocó a principios de los ochenta un debate en los sindicatos sobre la conveniencia de tomar como referencia para la negociación colectiva un índice diferenciado del oficial. Afortunadamente, el movimiento sindical español rechazó meterse en semejante barrizal, que además de haber embarrado las relaciones laborales, le habría convertido objetivamente en inductor de un desbarajuste inflacionista.

Pero las autoridades económicas y políticas no pueden limitarse a recabar comportamientos responsables de los agentes económicos y sociales sin asumir las suyas en el proceso de formación de los precios. De entrada deberían haberse cuidado de exhibir tanto triunfalismo por la leve y coyuntural contención del IPC al tiempo que se encarecen los productos de mayor consumo. Y pensarse mejor las explicaciones, porque la caída en un 0,6% de los carburantes entre agosto y septiembre no se ha mantenido en lo que llevamos de octubre, puesto que el barril de brent ha vuelto a rebasar los 30 dólares y no podrá compensar la subida de los alimentos frescos, que vienen encareciéndose todo el año (7,7% interanual), es decir antes y después de la 'ola de calor' y porque el otro capítulo alcista, vestido y calzado, no tiene visos de invertir la tendencia hasta las siguientes rebajas, ya en enero.

Son urgentes medidas para corregir las distorsiones en los precios que las grandes cadenas de distribución pudieran generar. Una responsabilidad que trasciende las competencias de un órgano consultivo, el Observatorio de Precios de los Alimentos, que ya alertó el año pasado sobre el excesivo margen que los distribuidores aplican a los productos alimenticios no envasados, sin que los ministerios concernidos adoptasen medida alguna.

Encargar estudios nunca está de más; lo que se echa de menos es actuar sobre un problema suficientemente conocido y padecido por la mayoría de las familias.

Más información

Archivado En

_
_