Comunidades y municipios controlarán el 60% del gasto en la próxima legislatura
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos controlarán a lo largo de la próxima legislatura el 60% del gasto público frente al 40% que quedará en manos del Estado. En estos momentos, la Administración central y las territoriales se reparten el gasto público prácticamente en la misma proporción.
La estimación la hizo ayer el subsecretario de Hacienda, Francisco Uría, quien precisó que el nuevo reparto se concretará cuando se complete el proceso de transferencias. Todavía quedan pendientes algunos traspasos relevantes a algunas comunidades, como los de justicia y políticas activas de empleo. Uría participó ayer en unas jornadas sobre financiación pública, organizadas por el Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que se prolongarán hasta mañana.
El subsecretario de Hacienda coincidió con el resto de ponentes en destacar que el equilibrio presupuestario de España 'es un factor diferencial frente a las grandes economías europeas como Alemania y Francia', que han sobrepasado el límite del 3% de déficit marcado por el pacto de estabilidad.
A su entender, esta disciplina fiscal explica el crecimiento económico español en un contexto de recesión de los gigantes de la UE.
Por su parte, José Manuel González Páramo, catedrático de Hacienda Pública y consejero del Banco de España, también defendió el equilibrio como 'principal activo económico de España', aunque admitió que el Pacto europeo de Estabilidad debe corregir algunos puntos negativos, como la politización. Para corregir estas distorsiones apuntó propuestas como un mecanismo para supervisar el cumplimiento del pacto, que tenga en cuenta la deuda estructural de cada país y no exclusivamente el volumen de déficit.
También se mostró partidario de fijar alertas tempranas que permitan corregir las desviaciones lo antes posible. En este sentido, el director del Instituto de Estudios Fiscales, Juan José Rubio Guerrero, propuso la creación de una institución independiente que vele por el equilibrio presupuestario y elimine la politización a que se ve sometido el Pacto de Estabilidad.