Los empresarios pagan una cotización reducida por 1 de cada 5 empleados fijos
El pacto firmado por patronal y sindicatos, y santificado por el Gobierno, consagraba, por vez primera, una reducción doble del coste laboral, obstáculo que las empresas esgrimían históricamente para contratar indefinidos.
El pacto logrado en la primavera de 1997 supuso que los nuevos contratados fijos tendrían una indemnización de 33 días por año de trabajo en caso de despido improcedente, con una cuantía acumulada máxima de 24 mensualidades (hasta entonces el despido improcedente costaba 45 días por año de servicio con 42 mensualidades de acumulación máxima). Además, el Gobierno añadió un sistema de reducciones en la cotización de Seguridad Social para los nuevos contratos con la única exigencia de que fuesen fijos. Esta doble vía de reducción del coste laboral (corriente y de rescisión) disparó la contratación de fijos los últimos siete años, aunque en ningún momento logró reducir de forma sensible las tasas de temporalidad (temporales sobre asalariados), que siguen por encima del 30%.
El número de trabajadores contratados ahora (los que están aún con cotización reducida) con las aportaciones al sistema público de pensiones reducidas son los citados 1.700.000, lo que supone casi un 19% de los 9,4 millones de asalariados que hay en España, según la última encuesta de población activa (EPA).
Los trabajadores con cuota limitada tienen una indemnización en caso de despido de 33 días por año
Pero si la cuenta la hacemos sobre los asalariados del sector privado (buena parte de los del sector público no cotizan a la Seguridad Social, sino al régimen de clases pasivas del Estado), el porcentaje de trabajadores con la cuota patronal reducida llega hasta el 23,28%.
No obstante, 1,4 millones proceden de los programas de la reforma, y los 300.000 restantes de programa adicionales para colectivos especiales, como minusválidos (61.000), interinidad (20.000), mayores de 60 años con cinco de antigüedad (140.000) o formativos (63.000).
Del total de contratados fijos bonificados, el 58% proceden de conversión de temporales en fijos; y de los contratos iniciales, los colectivos más numerosos son las mujeres (280.000) y los mayores de 45 años (290.000).
El coste para el Estado de las conversiones es de 76 euros por contrato y mes, y de 124 euros para indefinidos iniciales; las de minusválidos cuestan 328 euros al mes.
10.600 millones de euros desde 1997
Desde que se puso en marcha el programa de subvenciones a los contratos fijos de colectivos con dificultades para encontrar empleo (jóvenes menores de 29 años que no hubiesen trabajado antes o que tuviesen un contrato temporal, mujeres de cualquier edad y mayores de 45 años), en 1997, el Gobierno ha gastado en bonificaciones en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social más de 10,600 millones de euros.Las aportaciones presupuestarias a la Seguridad Social las hace el Instituto Nacional de Empleo del excedente de ingresos por cotizaciones y el sistema de pensiones no pierde recursos.El dinero recibido en 2004 por las empresas llegará a los 1.800 millones de euros, según figura en el presupuesto de la Seguridad Social y del Inem para el próximo ejercicio.
Los vicios de la temporalidad
Los temporales suponen el 31%La tasa de temporalidad ha sido la gran asignatura pendiente de la política laboral de los Gobiernos de la democracia. El Gobierno de González puso en marcha el sistema en 1984 (en el Acuerdo Económico y Social, con el consentimiento de la UGT y la CEOE) y alcanzó tasas del 34% en los primeros noventa. El PP anunció políticas para reducirla y sigue en el 31%.Personas jóvenes y en la construcciónLa construcción es el sector que más utiliza los mecanismos de la contratación temporal, con el contrato de obra; su tasa de temporalidad llega al 56%, frente al 53% de la agricultura o el 28% de los servicios; en industria es del 23,7%. Por edad son los jóvenes las primeras víctimas de la temporalidad, con un 82% de los contratados entre 16 y 19 años, y un 61,8% de 20 a 24.Abusos en la función públicaLa Administración pública comenzó a utilizar la contratación temporal para compensar la limitación en la reposición de bajas impuesta por el Gobierno en 1997 y años siguientes. Se ha corregido para evitar este tipo de contratos en la función pública. Pero el Estado tiene menos del 8% de temporalidad; las CC AA, entre el 10% y 20%, y los ayuntamientos, más del 20%.El 30% de eventuales no llega a un mesLa libre disponibilidad en la contratación por tiempo definido provoca un alto grado de rotación de los trabajadores. De los 12,89 millones de contratos temporales que se registran en el Inem al año, un 39,5% tienen una duración indeterminada; un 30,2% dura menos de un mes; un 27,3% dura entre uno y seis meses; y sólo un 3% tiene una duración superior a los seis meses.